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El proyecto fue incluido en el orden del día pero no tenía el requisito del dictamen para su tratamiento. El senador Buzarquis mocionó que el pleno se transforme en comisión, pero no tuvo los votos necesarios.
El senador Enrique Bacchetta, líder de la bancada de Colorado Añetete, pidió al proyectista y a sus colegas evitar el tratamiento, señalando que se trataba de un tema muy complejo que podría causar más problemas que soluciones en este momento de crisis.
En tanto, Buzarquis dijo que era el momento de acabar con los abusos y chantajes de los empresarios transportistas.
La normativa establece que las empresas que dejen de prestar servicios en forma regular y no lo regularice en un periodo de 24 horas serán canceladas, perderán su licencia e itinerario, que volverán a ser licitados. En caso de reincidencia en un periodo de un año, además de la cancelación, tendrá prohibido solicitar nueva licencia e itinerario por un plazo de 10 años.
Señala también el proyecto que la empresa que incurriera en esta falta en épocas de pandemia o emergencia declarada en el área que presta servicios se le aplicará la cancelación y prohibición de presentarse a una nueva licitación por diez años.
Dispone penas de seis meses a cinco años de prisión a los propietarios, accionistas o representantes legales de las empresas que realicen alguna amenaza o extorsión relacionados con la prestación del servicio.
Buzarquis adelantó que insistirá con el estudio del proyecto porque lo consideraba prioritario.