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En el escrito presentado por la Contraloría ante la justicia, Benítez Aldana sostiene que si el juez competente dictamina a favor de los ciudadanos que solicitaron el acceso a los documentos, la institución a su cargo no presentará apelación y dará cumplimiento en la brevedad posible.
Benítez Aldana mantiene así una postura similiar a la que tuvo en casos anteriores en los que cumplió sin cuestionar sentencias judiciales que ordenaron la liberación de Declaraciones Juradas. A diferencia de su predecesor en el cargo, Enrique García, quien se negó sistemáticamente a cumplir sendas sentencias que ordenaban la liberación de los documentos.
El pedido
Organizaciones de la sociedad civil presentaron hace unos días un recurso de amparo ante un juez para que se otorgue la autorización judicial necesaria para que se hagan públicas las declaraciones juradas de funcionarios públicos y proveedores ligados a procesos de licitación, en el marco de la emergencia por el coronavirus.
David Riveros, director de la ONG reAcción; y Esther Roa, de la Comisión de Ciudadanos Autoconvocados, fueron quienes presentaron la acción judicial, que será estudiada por el juez Mirko Valinotti. Los abogados Federico Legal y Natalia Gagliardone los representan.
Pase de pelota
Inicialmente el caso estuvo en manos del juez Mirko Valinotti, luego pasó a la jueza Alicia Pedrozo y finalmente quedó en poder del juez Raúl Florentín que debía emitir ayer su fallo, cosa que no había ocurrido hasta el cierre de nuestra edición.
Se espera que el juez falle en favor del derecho de acceso a la información.