Diputados esconden más sus declaraciones juradas

La Cámara de Diputados volvió a aprobar ayer una versión de la ley de declaraciones juradas que sigue negando el libre acceso ciudadano a los documentos sobre la situación patrimonial de los funcionarios públicos. No conformes con ello, ahora pretenden dejar como cuestión administrativa la presentación de declaraciones falsas.

Derlis Maidana (ANR-HC) votó versión antitransparencia.
Derlis Maidana (ANR-HC) votó versión antitransparencia.

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La aplanadora colorada acompañada por unos cuantos liberales llanistas se encargó de poner, una vez más, cerrojo a la posibilidad de acceso a la información pública.

La multibancada de la oposición había planteado aprobar sin modificación el proyecto que había sido aprobado ya el año pasado por el Senado. Sin embargo, el colorado Hernán David Rivas (cartista) presentó una versión modificada del plan de ley.

La Cámara Baja hizo oídos sordos a dictámenes de sus comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación que recomendaron la aprobación de la versión del Senado.

El año pasado, el Senado había aprobado un proyecto que inicialmente buscaba hacer públicas las declaraciones juradas, por amplia mayoría; y el proyecto fue cercenado en la Cámara de Diputados que puso más obstáculos en lugar de liberar la información.

Para tratar de evitar las trabas, el Senado volvió a presentar un proyecto para abrogar esas modificaciones, que también fue aprobado por amplia mayoría. Ayer los diputados volvieron a demostrar su férrea oposición a que la transparencia avance.

Con esto, el acceso a la información pública sufrirá un duro revés.

“Es un exceso de transparencia”, señaló la diputada liberal Celeste Amarilla, quien trató de “populista” al proyecto.

Como si las trabas no fueran suficientes, el proyecto aprobado ayer por los diputados pretende dejar solo en el ámbito administrativo la presentación de declaraciones juradas de bienes y renta con contenido falso.

Así estarían blanqueando a varios parlamentarios y dejando con las manos atadas a la Contraloría General de la República.

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