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Ante la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, la Corte Suprema de Justicia dispuso en una acordada, en su sesión plenaria del pasado 11 de marzo, que desde el día 12 de ese mes se suspendía la actividad en los fueros civil y comercial, laboral y Tribunal de Cuentas.
La máxima instancia judicial también estableció que dos juzgados penales de Garantías y Atención Permanente “solo atenderán las audiencias de imposición y de revisión de medidas cautelares”, así como las órdenes de allanamiento, secuestro y anticipo jurisdiccional de pruebas.
En tanto, la Corte atenderá hábeas corpus y otras cuestiones consideradas urgentes. También solo se podrán realizar los juicios que ya se iniciaron y los plazos procesales quedaban suspendidos.
Esta medida regía hasta el 26 de marzo, pero se aclaró luego que seguirá vigente hasta que el Gobierno Nacional levante el estado de cuarentena y así se está dando hasta ahora en el Poder Judicial.
Beneficiados
Esta suspensión de todas las diligencias afectó a muchas personas que estaban solicitando libertad o que tenían que ser sobreseídas.
Pero un grupo de políticos y parlamentarios acusados en su mayoría por hechos de corrupción pública se vieron ampliamente favorecidos. (ver infografía).
Uno de los que fue grandemente beneficiado por la medida de emergencia sanitaria fue el diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista), quien está acusado y con pedido de juicio oral por un caso de tráfico de influencia y que hace dos años viene chicaneando su proceso para que no se eleve a juicio.
Portillo maniobró para llevar su proceso a los tribunales de Ciudad del Este y lo mantuvo cajoneado en la Cámara de Apelación. Pero, el 7 de marzo pasado se destrabó el proceso y fue enviado al juzgado para que se fije el juicio oral y en ese ínterin se dio la acordada de la Corte que suspendió los plazos.
Tomás Fidelino Rivas el diputado (ANR, cartista) procesado por sus “caseros de oro” otro gran beneficiado, ya que tenía enfrentar su audiencia preliminar para que el caso sea elevado a juicio oral tal como ya se hizo con sus tres caseros y ahora está parado.
De esta manera, varios políticos tienen un “tiempo extra” para respirar y eludir a la justicia por lo menos hasta el próximo 26 de abril cuando se cumple con la cuarentena, pero no se descarta que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vuelva otra vez a ampliar el plazo.
En el caso del senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) por ejemplo, existe un pedido de prisión en un caso de lesión de confianza, pero no se pudo llamar a la audiencia debido a que pararon los procesos.
No se descarta que una vez que se retomen las actividades judiciales, éstos procesados vuelvan a plantear más chicanas para evitar ser sometidos a la Justicia. Pero eso ya será definido en los estados judiciales.