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En el llamado a compra directa por la vía de la excepción del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), Insumos Médicos SA fue contratada en marzo último por G. 47.952 millones y recibió un anticipo de G. 9.590 millones, para traer de China mascarillas N95, trajes de protección para riesgo biológico y 50 camas manuales para pacientes.
En el mismo proceso de compra excepcional, Eurotec SA fue contratada por G. 37.268 millones y se le pagó el adelanto de G. 7.454 millones, para proveer protectores faciales y oculares, trajes de protección y 6 millones de mascarillas quirúrgicas, también chinos.
En nombre de ambas compañías, que pertenecen a la misma familia (Justo Ferreira, padre, y sus hijos Patricia y Marcelo), la abogada Rocío Rodríguez dijo ayer a ABC Color que no hubo irregularidades en el proceso, que fue transparente (aunque solo se invitó a cuatro firmas, dos de ellas de esta familia empresarial) y defendió los millonarios anticipos que no estaban previstos inicialmente.
“El Estado debe al grupo casi 14 millones de dólares. A pesar de esto, somos el único grupo empresarial que apostó a financiar las compras de insumos para covid”, dijo.
El grupo familiar, que no hace mucho tiempo solo conseguía pequeños contratos con el Estado, hoy está entre los principales acreedores de Salud y aunque se le debe esa millonaria suma, que la misma abogada reconoció, pudieron gestionar las adquisiciones.
En los últimos diez años, pero sobre todo entre el gobierno de Horacio Cartes y estos dos años de la gestión de Mario Abdo Benítez, el monto de contratos estatales de las dos empresas adjudicadas por el Ministerio de Salud, Insumos Médicos SA y Eurotec SA, del mismo grupo familiar, asciende a más de G. 1,3 billones, que equivalen a US$ 204,36 millones (ver cuadro).
Justificó a procesados
La abogada también defendió a los accionistas que están procesados en la Fiscalía: Carlos Borrell y Roque Dagogliano, investigados por estafa y lesión de confianza al empresario Óscar Vicente Scavone y Scavone Hermanos SA, respectivamente.
“Aquí la cuestión es bien simple. Dos de los grupos farmacéuticos que tradicionalmente coparon el mercado local denunciaron al mismo tiempo a sus ex - gerentes comerciales (Dagogliano y Borrel), porque teóricamente, les hicieron ganar menos de lo que debían ganar. En las denuncias les atribuyen haber vendido productos de los laboratorios a otras firmas privadas para que los revendan en las licitaciones, en vez de ofertarlos directamente. Vale decir, el ‘delito’ sería que cobraron menos por vender al sector privado en vez de percibir el mayor precio que paga el sector público”, señaló.
Para Rodríguez, “se trata de una práctica absolutamente corriente en todos los laboratorios de plaza. Tampoco es una práctica prohibida (ofertar productos de otro fabricante con una autorización). Los laboratorios denunciantes no perdieron por vender sin riesgo a intermediaros privados que asumieron el riesgo de cobro ante el sector público (salvo en su desmedida angurria comercial). Y la gestión de los exgerentes fue aprobada durante casi 30 años con la aprobación de los balances en las asambleas de accionistas. El problema comienza cuando estos deciden salir y competir con empresas propias contra sus ex patrones”.
Según la abogada, pese a que los mencionados se encuentran imputados, “las acciones penales tarde o temprano van a caer por su propio peso”.
¿Qué cambió de un año a otro?
Nuestro diario consultó qué cambió de un año a otro, para que el Ministerio de Salud, principalmente, aunque también el IPS, comiencen a otorgar millonarios contratos a Insumos Médicos y Eurotec.
La respuesta de Rocío Rodríguez es que la diferencia “es que sencillamente, los exgerentes dejaron de ocuparse de los negocios de sus expatrones para ocuparse de sus propios negocios y en ello no hay nada malo”.
“Si las empresas se adjudicaron los procesos que se adjudicaron, es precisamente por su seriedad y por la experiencia en el mercado de profesionales que antes trabajaban para otros y ahora decidieron hacerlo por cuenta propia”, alegó.