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Según explicó, la visita “in situ” que estaba prevista para mayo próximo, en principio se postergó por cinco meses, o sea para octubre del presente año.
En cuanto a la fecha del pleno que estaba previsto para diciembre de 2020, donde se iba a discutir la situación referente al Paraguay y los resultados, pasó para julio del 2021. “Estos son los dos plazos ya oficializados en cuanto a la evaluación mutua. No obstante, los demás plazos tienen un seguimiento que se va hacer durante todo este año, independientemente de lo que vaya sucediendo y de lo que se puede ir cumpliendo de manera virtual”, señaló Arregui.
De hecho, el proceso de evaluación se inició el año pasado con la entrega de los cuestionarios a los diferentes sectores, que son sujetos obligados de la Ley de Prevención de lavado de dinero. El plan debía continuar, según el calendario, en mayo próximo (que ahora pasó para julio), con la presencia física de los observadores para corroborar la autenticidad de los informes, y a fin de determinar la efectividad de los procesos de prevención y aplicación de las normas vigentes en el país.
Concretamente, las autoridades de Gafilat evaluarán cómo fueron instaladas y aplicadas las nuevas disposiciones legales antilavado.
Se evaluarán los resultados dados por nuestro país en materia antilavado en los últimos 4 años, partiendo desde el 2019 hasta 2016. Los evaluadores buscarán resultados concretos en cuanto a sentencias e investigaciones realizadas a partir de leyes vigentes.