Cargando...
Cuando estalló la pandemia covid-19, varios legisladores formaron fila para presentar proyectos, en la mayoría de los casos de tinte electoralista, para destinar rubros a la salud pública de otras instituciones. Sin embargo, se olvidan de recortarse sus privilegios groseros, que en estos momentos de urgencia ya no tienen razón de ser de seguir en el Presupuesto Nacional porque crean una repudiable casta de ciudadanos.
En la Cámara de Diputados el seguro médico abarca para los 80 miembros más 1.318 funcionarios. Cada legislador recibe G. 1.300.000 para seguro médico y G. 200.000 para el seguro odontológico, independientemente de su salario (o dieta) mensual.
Igual situación se da en el Senado. Cada uno de los 45 miembros recibe G. 1.500.000 para el seguro médico y a los 1.590 funcionarios (que incluyen a los de la Cámara Alta con el Congreso Nacional) se les otorga un monto de G. 500.000 para el seguro médico, según datos oficiales. (Ver infografía de arriba).
Este beneficio que tiene este grupo de funcionarios públicos de un poder del Estado le cuesta al ciudadano común anualmente alrededor de G. 36.736 millones (US$ 5.557.639) por año.
Muchos de los contribuyentes del Estado ni siquiera tienen seguro médico, y algunos, con suerte, reciben atención en instituciones públicas de la salud; aún así, les tienen que financiar el seguro médico y odontológico a los legisladores y funcionarios del Poder Legislativo. Si comparamos la situación de los funcionarios del Congreso Nacional, como Poder del Estado, con la de un ciudadano común, observamos que a este último trabajador asalariado, dependiente, se le descuenta por ley de su salario el pago correspondiente al Instituto de Previsión Social (atención médica y jubilación). Y si no le satisface la atención en IPS, entonces se ve obligado a seguir pagando de su salario un seguro privado, sea odontológico, etc.
Hay un pequeño grupo de legisladores que renunciaron a este privilegio indebido, pero la mayoría no ha analizado suprimirlo para destinar ese monto a la salud pública.