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Las donaciones anunciadas por altas autoridades, como en la Entidad Binacional Yacyretá o el descuento del 20% en los salarios de los diputados, anunciados públicamente, generaron reacciones contundentes en las redes sociales y en la páginas digitales de algunos medios de comunicación.
Muchos ciudadanos plantean que esta pandemia que azota a nuestro país sea la oportunidad para cortar de una vez los privilegios indebidos que desde hace años tienen algunos funcionarios públicos.
Sobre el anuncio de la Cámara de Diputados de un descuento del 20% de sus salarios a todos los legisladores, por tres meses, para redireccionar el dinero al combate el coronavirus, Laura Sosa escribe: “¿Por qué temporal? Definitivo debe ser”.
Pos su parte, Carlos Pozzoli Keppler señala: “El descuento de esos salarios VIP y eliminación de gastos superfluos deben ser para siempre, no solo una ‘propina’ por tres meses”.
En tanto, Myrian Cohene dice: “Que máximo el salario de estos sea de 10 millones, sin ningún beneficio alguno, que se ganen lo que les falta en sus oficios, no legislar 24 hs. al día para esa millonada. Recorte total de privilegios hasta el término de sus periodos”.
En tanto, el anuncio en su cuenta de Twitter del director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, de que él y los directores de la entidad donarán este mes sus salarios motivó mensajes como el de Delio Silva, quien dice: “#chekueraipendehegui, que se terminen los privilegios, mba’e donar sueldo piko”.
También Gustavo Adolfo Alonso señala: “Que dejen de ganar millones estos parásitos. Eso sí será justicia”.
En tanto, Alberto González apunta: “No queremos su donación, queremos el recorte de sus salarios a un monto racional y real acorde a la situación de nuestro país”.
En cuanto a la nota dirigida el sábado por un grupo de parlamentarios al Presidente de la República instando a un recorte general de altas remuneraciones y beneficios extras a funcionarios, Gerardo Meza plantea directamente modificar el sistema presupuestario a través de una enmienda constitucional. Propone que se “topeen” los gastos corrientes en el Presupuesto General de la Nación y que, por medio de una enmienda constitucional, el 60% del presupuesto sea para gastos de capital e inversiones en salud y educación.