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Los camaristas, tras analizar la recusación planteada contra el pleno del Tribunal de sentencia por el abogado Víctor Mujica, representante de los acusados Camilo Soares y Alfredo Guachiré, apuntaron a que los argumentos esgrimidos por el recurrente no tienen fundamentos legales y concluyeron que es solo un incidente meramente dilatorio para evitar que el juicio prosiga.
También apuntaron a que el Tribunal de Sentencia tiene la potestad para sancionar a los acusados y abogados que hacen abuso del derecho y pide que tomen las medidas para frenar este tipo de conductas.
Sin embargo los miembros del Tribunal de Sentencia no pueden aplicar las sanciones debido a que las partes, antes que se inicie el juicio, ya plantean una serie de chicanas justamente para evitar ser sancionados.
Pero es la misma Corte Suprema de Justicia la que debería hacer uso de sus atribuciones y ante las chicanas de los procesados y abogados aplicar los castigos previstos en la ley.
Reiteran pedido
En esta resolución al igual que la otra de fecha 20 de marzo pasado, la Cámara de Apelación volvió a disponer se remitan los antecedentes al Consejo de Superintendencia de la Corte y que se disponga de un funcionario de la Dirección de Auditoría de Reacción Inmediata.
Esta medida recién fue acatada ayer cuando se designó a la persona que fue a realizar el cometido.
Actualmente, el Consejo de Superintendencia ya cuenta con una copia del expediente y evaluará si corresponde aplicar sanciones a los que incurrieron en abuso del derecho a través de las chicanas.
Recusaciones planteadas
En este caso donde están siendo juzgados por lesión de confianza el ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional, Soares, y su exdirector de la Unidad de Operaciones de Contrataciones, Guachiré. Ya se presentó una serie de incidentes y cuatro recusaciones contra el Tribunal de Sentencia integrado por Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García de Zúñiga y todas fueron rechazadas por carecer de argumentos legales.
Soares y Guachiré, al pedir que se aparten estos jueces alegaron solo chismes de pasillos como ser que la sentencia contra ellos era inminente y un supuesto pedido de dinero para el Tribunal, pero en ningún caso aportaron evidencias o pruebas para dar como ciertas estas cuestiones. Es más los camaristas le expusieron en sus fallos cuales eran las vías legales y las circunstancias que las leyes tenían previstas para apartar a los magistrados de los procesos y las afirmaciones de ambos acusados no se ajustaban a ellas. Hace más de 10 años que estos dos procesados vienen planteando chicanas y si bien Soares fue sancionado en una ocasión por ser litigante de mala fe, prosiguió con su actitud obstruccionista en el proceso y ya no se tomaron otras medidas. Recién ahora la Cámara de Apelación pide que no se actúe con tibieza ante los acusados y abogados chicaneros.
Sobrefacturación de panificados
Camilo Soares y Alfredo Guachiré están acusados de haber hecho compras sobrefacturadas en diciembre de 2009, según la fiscalía.
La acusación del Ministerio Público habla de un daño patrimonial al Estado de más de G. 1.200 millones en la compra de alimentos que se hicieron a través de licitaciones directas.
Según la investigación fiscal, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) compró el 17 de diciembre de 2009 una cantidad de alimentos, en su mayoría panificados, a un precio muy elevado en comparación al promedio y entre los días 21 y 24 de diciembre del mismo año hizo la misma compra, pero al doble del valor.