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La fiscala Acuña respondió al órgano juzgador que las diligencias continúan para esclarecer el presunto hecho unible de lesión de confianza, que se atribuye a Dávalos en perjuicio de la gobernación.
La respuesta de la agente del Ministerio Público será analizada por los miembros del Jurado. El pedido de informe, según fuentes, fue impulsado por el diputado liberal y miembro del órgano constitucional, Eusebio Alvarenga, ante denuncias de que el caso se habría cajoneado.
Se habla de fuerte injerencia política en la causa que afecta a Dávalos, diputado colorado cartista, que representa al Departamento de Caazapá.
La primera denuncia contra el exgobernador fuer realizada en diciembre de 2018, ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, y la causa fue asignada a Acuña.
Los miembros de la Junta departamental acusaron a Dávalos de un supuesto faltante de G. 30.000 millones. Este monto se desprendió de una auditoría interna realizada al periodo 2003-2018, durante la gestión del ahora legislador.
Luego se presentó otra denuncia por una presunta “tragada” de G. 192.000 millones, por parte de Antonia López de Vázquez y la Junta Departamental. Tuvo como base una auditoría de gestión administrativa y técnica, además de un informe de la Contraloría.
Un dictamen de la Fiscalía de Delitos Económicos recomendó la apertura de una investigación y la causa fue derivada a Victoria Acuña.
Una publicación de nuestro diario del 22 de agosto de 2019, señala que pese a ese dictamen la fiscala general Sandra Quiñónez no había dispuesto la apertura de la investigación penal.
La dilación del Ministerio Público es muy llamativa, sobre todo cuando existen sospechas de fuertes injerencias políticas en la causa.
La fiscal adjunta responsable de la unidad de Delitos Económicos es Soledad Machuca, quien debería controlar el trabajo de los agentes que están en la dependencia a su cargo.
Jurado
El Jurado de Enjuiciamiento podrá corroborar la veracidad del informe de Acuña, mediante una revisión de la carpeta fiscal, en donde estarán las diligencias impulsadas por la agente para esclarecer el presunto perjuicio a la gobernación del Departamento de Caazapá, uno de los más pobres del país.
La pesquisa determinará si existe o no perjuicio y quien o quienes son los responsables.
Miembros del órgano juzgador
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados está presidido por el senador colorado abdista Enrique Bacchetta, integrado por el senador liberal Fernando Silva Facetti, los diputados Eusebio Alvarenga (liberal) y Ramón Romero Roa (colorado); los ministros de la Corte Suprema Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica y los representantes del Consejo de la Magistratura, Adrián Salas y Cristian Kriskovich.
El órgano juzgador se encarga del enjuiciamiento de los jueces y fiscales por presunto mal desempeño de funciones.
La sentencia del Jurado puede ser la absolución, el apercibimiento o la remoción de los magistrados procesados.