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“Podemos mencionar que hubo un perjuicio patrimonial al municipio por una suma total superior a los G. 148.000 millones, de los cuales G. 59.000 millones corresponden a la actual administración”, señaló el doctor Amancio Rivas, interventor de la Municipalidad de Lambaré.
“De la misma forma podemos manifestar también que G. 89.000 millones corresponden a juicios con sentencias firmes y ejecutoriadas que son arrastrados desde administraciones anteriores al período fiscal 2015-2020”, agregó el funcionario.
Fuentes ligadas a la intervención informaron que el documento final entregado ayer de tarde al viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Jesús Lara, consta de 2.435 hojas distribuidas en seis tomos. A ello se añaden el informe original de 77 hojas y el del perito de 160 hojas.
“En la mayoría de los casos se han comprobado plenamente las denuncias que ha realizado la Junta Municipal de Lambaré en su momento y que sirvió como cabeza de proceso para la intervención del municipio”, aseveró Rivas.
“Hemos encontrado numerosas irregularidades que hay que discriminar también desde el momento en que ocurrieron y que en la mayoría de los casos ocurrieron a administraciones anteriores”, especificó el auditor.
Caja paralela
Los integrantes del equipo interventor de la Municipalidad de Lambaré resaltaron, entre otras cosas, que la principal falta que detectaron durante la auditoría fue la existencia de una caja paralela de contabilidad.
“Existían registros de contabilidad paralela en los que respecta a recaudaciones y la falta de depósitos en el plazo establecido”, informaron los intervinientes.
El equipo auditor también resaltó que la principal falta en que incurrieron los funcionarios de la Comuna fue el incumplimiento de las transferencias obligatorias para con la Gobernación de Central, el Ministerio de Hacienda, la Opaci y las anulaciones de comprobantes de ingresos percibidos.
El proceso de intervención de la Municipalidad de Lambaré comenzó el 29 de diciembre del año pasado, tras la designación de Rivas como jefe del equipo auditor. Fue a raíz de una denuncia presentada por la Junta Municipal a la Cámara de Diputados acerca de una serie de irregularidades atribuidas a la administración del intendente Armando Gómez (PLRA).
Procedimiento en dos partes
El procedimiento de intervención se realizó en dos partes, según informó Amancio Rivas. Uno fue la administración general de la Municipalidad por el plazo de 90 días, como tal establece el artículo 165° de la Constitución Nacional. El segundo fue la entrega del informe final, con base en la auditoría que ha llevado adelante conforme a la denuncia presentada por la Junta Municipal de Lambaré a la Cámara de Diputados para así prestar el acuerdo constitucional para esa intervención.