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Alegre convocó ayer a los periodistas en el local del partido de oposición para responder acerca de la denuncia de supuesta clonación de facturas de los gastos electorales que habría arrojado una cifra superior a los G. 1.500 millones. La fiscala Liliana Alcaraz investiga el caso tras recibir la denuncia de la Subsecretaría de Tributación.
Dichos documentos, que en su mayoría provienen de Alto Paraná, fueron usados en la rendición de gastos de la campaña del 2018 por un valor de G. 1.500 millones.
Alegre dijo que el PLRA recibió un total de 15.000 facturas en todo el país. Buscó desligarse de cualquier responsabilidad y defendió al acusado diputado Carlos Portillo y a su hermana María Portillo, quien quiso ser gobernadora de Alto Paraná pero perdió en comicios pasados.
El titular partidario insistió en que los responsables del supuesto fraude serían dos administradores de campaña del Este del país: Luis Moriz, quien recibió G. 1.250 millones y Pascual Benítez, quien percibió G. 1.290 millones en desembolsos hechos por escribanía, aseveró.
Alegre informó que por ello ordenó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía, pero por solo “una” factura clonada emitida por G. 100.000 y rendida al PLRA por G. 98 millones.
La figura penal es producción de documento falso (Art. 246 de Código Penal) y por la Adquisición fraudulenta de subvenciones (Art. 262 CP).
Reconoció que tendrían conocimiento de un total de cinco facturas con inconsistencias, dos corresponden a la rendición del PLRA por G. 226 millones y dos a la Alianza Ganar por G. 320 millones.
Afirmó que en la fecha estarían presentado más denuncias ante la Fiscalía por cada una de las facturas restantes. Al mismo tiempo, anunció la apertura de un sumario administrativo interno para identificar culpables y dijo que el juez instructor será el apoderado partidario Efrén Silva.
Alegre agregó que detrás de las denuncias hay una gran movida política que no busca la verdad ni la transparencia, sino exponerlo como un administrador corrupto. Sin embargo, no dio nombres.
Al cuestionársele a Alegre que la Subsecretaría de Estado de Tributación señala que son 18 facturas por G. 1.500 millones y no la cifra que el PLRA maneja, Javier Morínigo, administrador del partido, señaló que la denuncia habla de 16 empresas con 18 facturas, de las cuales ocho firmas respondieron a cuatro y quedan otras cuatro por aclarar.
Rubén Ocampo, apoderado del partido, anunció que tras aclararse la situación penal, el PLRA iniciará acciones civiles para recuperar los fondos entregados a los administradores cuestionados.
Clan Portillo y otros
Según Alegre, los culpables de las facturas clonadas son los administradores de la campaña liberal en Alto Paraná (Moriz y Benítez). Sin embargo, desliga del tema a los políticos en dicha campaña. Los diputados electos del PLRA en Alto Paraná son: N° 1 Roya Torres, del equipo de Dionisio Amarilla; N° 2 Portillo, acusado por tráfico de influencia y N° 3 Manuel Trinidad, llanista, cuestionado exjuez.
Los fondos también se usaron en la campaña por la gobernación de María Ester Portillo, hermana del legislador procesado. Los concejales departamentales electos son: Mabel Otazú, Estela Noguera, Julio C. Landaida, José L. Chaparro, Arístides Torales, Gabriel Castillo, Carlos Mora y Aldo Florentín. Todos participaron en la campaña.
El proceso sigue paralizado
El diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista) está acusado hace más de un año, pero su caso sigue cajoneado en CDE. La jueza penal de garantías de Ciudad del Este Cinthia Garcete no puede fijar la fecha para la audiencia en la que se debe decidir si se eleva o no a juicio oral el caso. La fiscala es Liliana Alcaraz. Portillo fue denunciado por pedir coima a una procesada para conseguir una sentencia favorable. Anteriormente el PLRA lo suspendió por quedarse con un viático por un viaje oficial que no realizó.