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La Cámara de Diputados, en una sesión extraordinaria y en pleno receso parlamentario, ayer a la mañana rectificó su posición y en forma casi unánime sancionó el proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político. La norma fue aprobada por 64 votos, pero luego se registraron 67 votos. El imputado Miguel Cuevas (ANR, Añetete) fue el único que no votó.
La versión consensuada del Senado forzó a diputados abdistas, cartistas y a Édgar Ortiz (PLRA, llanista) a cambiar en una semana de posición. Estos sectores habían desvirtuado totalmente el espíritu de la normativa imponiendo su versión por 40 votos a favor.
Antes de sancionar la legislación y en medio del debate, los diputados colorados y opositores no desaprovecharon la oportunidad para lanzarse acusaciones. Minutos antes de la sesión los proyectistas vistieron una camiseta que llevaba la leyenda: “Sí al control del financiamiento político”, que incomodó a la mayoría de los colorados.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ), autora del proyecto de ley, indicó que con la norma se da un paso fundamental como país a favor de la transparencia. “Es algo histórico, nunca un candidato ha dicho de dónde provienen sus ingresos para la campaña”, manifestó.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) lamentó que algunos de sus correligionarios hayan dudado del plan y tuvieran un imagen de temor a la aplicación de la ley. Fue en alusión a los llanistas. También les pidió que no sean utilizados. Criticó la poca dignidad de la Cámara de Diputados para aprobar una ley y en ocho días rectificar y sancionar la norma.
El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) lanzó cuestionamientos contra las diputadas Vallejo y Amarilla. En tono de soberbia dijo que si la ley hoy es sancionada es porque el Partido Colorado así lo quiso. Mientras que los diputados abdistas expresaron que no se arrepentían, sino que rectificaban su voto porque la ley fue corregida.
Los diputados incluso señalaron que hay que revisar otros aspectos como la gratuidad del transporte público en el día de las elecciones y el voto obligatorio.
Con la norma los candidatos estarán obligados a rendir cuentas de los ingresos y gastos antes de iniciar la campaña y al finalizar las elecciones. El informe pasará al Tribunal Partidario, a la Subsecretaría de Estado de Tributación y a la Justicia Electoral. Cada candidato deberá presentar su declaración y la de su cónyuge.
Multas de 300 jornales mínimos
El proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político está a un paso de ser promulgado por el Ejecutivo. Plantea multas de 300 jornales mínimos (G. 25.302.000) o descuentos en el aporte estatal a los partidos que incumplan con la presentación de la rendición de cuentas de los candidatos.
El informe de ingresos y gastos de campaña se elevarán a los Tribunales Electorales Partidarios y a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Los partidos o movimientos enviarán a la Justicia Electoral y estos publicarán en la página de web de la institución el reporte de manera a que el ciudadano conozca el origen de gastos de su candidato.