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Reginaldo Carlos Ruivo es un ciudadano brasileño que fue contratado a principios de setiembre de 2017 por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Según publicaciones del diario ABC Color de la época, Ruivo no pasó por concurso alguno para obtener el cargo de supervisor.
Como si el hecho de no pasar por concurso no fuera suficiente irregularidad en la contratación de Ruivo, a ello hay que sumar que es el esposo de Cristina Solana Muñoz, presidenta del Consejo de Administración de Erssan, institución que debe regular la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, rubro de Essap.
Según los datos que constan en la Secretaría de la Función Pública, Ruivo percibió en diciembre pasado una remuneración total de G. 10.264.280 y está actualmente comisionado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Muñoz ya era titular de Erssan en 2017, cuando su esposo fue contratado por la empresa estatal que debería ser controlada por la institución a su cargo.
Con pasaporte oficial
Como si todo esto no fuera suficiente, un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores revela que el 10 de abril de 2018, Muñoz solicitó la expedición de un pasaporte oficial, que debería ser destinado solo a altos funcionarios estatales, para su esposo.
Una resolución, del 12 de abril del mismo año, confirma que la Cancillería accedió a entregar el pasaporte que pocos privilegiados obtienen.
Mandato vencido
Hace un año, tres meses y 23 días que feneció el mandato del Consejo de Administración de Erssan, encabezado por la política colorada Cristina Solana Muñoz.
De acuerdo a la Ley 1614, que regula al ente, los miembros del Consejo de Administración de Erssan duran cinco años en su cargo.
Los actuales miembros fueron nombrados el 18 de octubre de 2013, a través del Decreto 483 de ese año, firmado por el entonces presidente de la República, Horacio Cartes. Es decir, el mandato venció ya el 18 de octubre de 2018.
Condiciones insalubres
Cristina Solana Muñoz, presidenta de Erssan, quien pretende quedarse en este organismo otros cinco años, fue denunciada por funcionarios de la institución por maltratos. Según las quejas, los funcionarios fueron trasladados arbitrariamente a un edificio desaliñado del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.