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Diputados finalmente rechazaron ayer la versión “real” del proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político. Con un arreglo entre cartistas y abdistas se sepultó la intención de identificar el origen del dinero “sucio” de candidatos en elecciones internas, comicios en que aumentan las campañas con fondos del narcotráfico, el lavado de dinero y otras actividades criminales, según los expertos.
La propuesta remitida al Senado fue aprobada en general por 69 votos, pero al definir el primer estudio en particular, los colorados impusieron su versión con 40 votos (38 de ANR y los liberales Édgar Ortiz y el acusado Carlos Portillo). En cada artículo posterior se dieron cifras similares.
La principal proyectista de la ley original, la exfiscala Rocío Vallejo (PPQ, Central), dijo que su texto fue descuartizado y desvirtuado. “Prefiero la ley vigente antes que esto”, afirmó.
Vallejo buscó flexibilizar algunos puntos según las objeciones acumuladas el último mes, pero los colorados impusieron su mayoría y eliminaron puntos trascendentales.
Puntos eliminados
Se eliminó la disposición de que cada candidato en internas haga una declaración jurada y que tenga un registro de ingresos y gastos. Se anuló la propuesta de que cada candidato presente una declaración de intereses económicos y la de sus familiares directos. Se aprobó que solo los “movimientos” rindan cuentas.
Los colorados incluso eliminaron la participación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que ya estaba establecida en la ley vigente.
También se eliminó la norma que obliga a los candidatos a legisladores y concejales a presentar una declaración jurada de bienes y rentas. Ahora solo será aplicada a los candidatos con cargos de “ordenadores de gastos”, como intendentes, gobernadores y el presidente. “Le sacaron el corazón, que cada candidato rinda cuentas”, dijo Vallejo.
Durante la sesión, opositores recalcaron que la narcopolítica copó las instituciones y que Horacio Cartes financia incluso a grupos de izquierda pero nunca aparece en las rendiciones oficiales de la ANR.
Los cartistas expresaron todo tipo de argumento para defender la falta de control, entre ellos Basilio Núñez y Justo Zacarías, quienes tienen hermanos enjuiciados por denuncias de corrupción. El único abdista en hablar fue Éver Noguera, conocido como el “rey de las licitaciones” en Guairá. Édgar Ortiz (PLRA, llanista) fue el único liberal que pidió excluir del control a legisladores y parientes.