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La Cámara de Diputados, instancia que se reflotó el mote de la “Cámara de la Vergüenza” en 2019 por proteger a legisladores procesados e intendentes corruptos, se reunirá mañana por primera vez en el año. El inicio de la actividad fue prevista para las 9:00 y debería presidir la sesión el colorado cartista Pedro Alliana (ANR, cartista).
La sesión extraordinaria fue convocada de urgencia por la Comisión Permanente del Congreso para analizar dos proyectos trascendentales en la lucha contra la corrupción en la política y la función pública (ver infografía).
Trazabilidad
El más resistido es el proyecto de ley de Trazabilidad del Financiamiento Político, que busca endurecer y adaptar el control al dinero gastado en las campañas políticas ante la vigencia de la ley de “Desbloqueo de lista sabana”, en elecciones internas y comicios generales.
Expertos temen que con el desbloqueo, lavadores de dinero y narcotraficantes aprovechen la debilidad en la ley vigente para financiar a candidatos en las internas municipales. En estos comicios, el desbloqueo se aplicará únicamente a las listas de concejales.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya expresó su apoyo al proyecto, pero legisladores colorados expresan abiertamente su rechazo.
Si la propuesta no es aprobada por los diputados, el Senado y el Poder Ejecutivo antes del 5 de marzo de 2020, dicho control a las internas se postergará hasta los comicios generales del 2023.
Los proyectistas son diputados de la multibancada de partidos independientes, siendo la principal redactora la diputada y exfiscal Rocío Vallejo (PPQ). Entre los puntos más importantes aparece la obligación de cada candidato a presentar declaraciones juradas, rendiciones de cuentas, informes sobre sus empresas y los vínculos de su familia.
Así también involucra a la SET y a Seprelad en el control de informes, establece multas de G. 25 millones; descuentos al subsidio partidario e, incluso, la perdida del cargo o la prohibición de volver a ser candidato.
Declaraciones juradas
Los diputados también analizarán mañana el proyecto de ley de Publicidad de las declaraciones Juradas de Bienes de funcionarios estatales. La ley vigente solo permite pedir el informe del patrimonio de un funcionario mediante orden judicial.
La aprobación del proyecto depende de los votos de colorados oficialistas y cartistas, cuyos líderes siguen en silencio respecto a esa iniciativa.
Camilo Benítez Aldana, contralor general de la República y encargado del resguardo y control de las declaraciones juradas de bienes, había dicho en reiteradas ocasiones que está a favor de que esos documentos sean divulgados.
Paralelamente, la Corte aún no define este punto en el marco de una demanda.