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En una entrevista con Radio ABC Cardinal 730 AM, Villamayor fue consultado sobre el proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político, que debe ser tratado en sesión extra de la Cámara de Diputados el 4 de febrero. La Ley vigente N° 6167/18 que regula el financiamiento político, no controla de manera efectiva el dinero que utilizarán los precandidatos municipales y partidarios en las internas previstas para el 12 de julio próximo.
Villamayor insistió en que el Gobierno tiene un compromiso de luchar contra el lavado de dinero en la política, pero señaló que es mejor analizar con calma la propuesta. “No se trata de apresurarnos de un día para el otro y cometer un error. Estamos modificando el Código Electoral, no estamos haciendo una ley antilavado, y estamos metiendo instituciones del Estado ajenas al sistema electoral. Entonces, todo eso debe ser adecuadamente visualizado”, manifestó.
El jefe de Gabinete de la Presidencia dijo que es comprensible que los legisladores tengan dudas sobre ciertos puntos de la iniciativa. Expresó que su deseo es que sean aclarados en la brevedad. También negó que no exista voluntad por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para colaborar con el control del dinero.
“La Subsecretaría de Estado de Tributación tiene la función básicamente de recaudar, no de controlar. A mi criterio el proyecto habla de otro RUC; si vos decís que sobre ese RUC voy a participar mis datos de campaña, no hace falta consultarle a Tributación. Si vos le pedís a Tributación que le dé un RUC especial a cada uno de los 80.000 candidatos que tienen que dar en un mismo día para que ahí participen sus gastos de campaña, es otra cosa. Ellos son los que conocen la parte técnica”, refirió el funcionario.
“Anular el proceso”
En otro momento, Villamayor se explayó sobre la situación que reviste preocupación, según su criterio. Dijo que considera preocupante que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) pueda anular la candidatura del ganador con el argumento de proceso. Recordó que las impugnaciones de candidaturas ocurren principalmente antes de las votaciones y no posteriormente, como podría ocurrir en este caso, con la nueva ley.
“El fundamento de validez de la candidatura se decide antes del proceso electoral, por eso están las impugnaciones, los reclamos, después se hacen en el proceso electoral, ahí no se juzga al candidato sino los votos emitidos. A mí lo único que me preocupa de esto es darle a la autoridad electoral una facultad para que decida quién es el ganador no en base a los votos. Es darle al Estado una herramienta que te permite sacarle del terreno al ganador”, aseveró.
Además fue consultado sobre el citado tema el ministro del Interior, Euclides Acevedo, en Palacio de López. Muy reticente, el secretario de Estado respondió que no está de acuerdo a dar más atribución a un organismo más de lo que dispone la ley.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ), autora del proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político, anticipó que no prosperaría la iniciativa legislativa por la poca predisposición de la mayoría de sus colegas.
En esa iniciativa se prevé que varias instituciones de control como la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero (Seprelad), la Contraloría General de la República, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y TSJE, en forma entrelazada auditen el dinero que utilizan los precandidatos en campaña y se establecen sanciones como la suspensión para participar de dos internas partidarias.
Con la ley vigente no se garantiza el control efectivo de las rendiciones de cuentas que presenten los precandidatos en las elecciones internas, ya que la auditoría queda en manos de los Tribunales Electorales Partidarios o de los Tribunales Electorales Independientes, sin que exista un control por parte de un órgano externo como la Contraloría.
La única función que tiene la Justicia Electoral es publicar todos los balances de los precandidatos en la página web de la institución.
La sesión se mantiene el 4 de febrero
La Comisión Permanente del Congreso, presidida por el senador Arnaldo Franco (ANR, cartista), mantiene firme la decisión del pleno de convocar a la Cámara de Diputados el 4 de febrero, pese a la escasa voluntad del Partido Colorado para tratar el proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político y el proyecto de ley que publicita las declaraciones de bienes y rentas, sin orden judicial de por medio.
La intención de la mesa interinstitucional era ajustar la norma para que el 4 de febrero pueda ser aprobada. De las reuniones no participó ningún representante de Honor Colorado ni de Colorado Añetete, cuyos votos son claves, ya que juntos reunen 43 votos. Solo el diputado de Alto Paraná Ramón Romero Roa (ANR) respalda.