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Con la negativa del cartismo de respaldar el proyecto de ley que busca conocer el origen del dinero que los precandidatos utilizan en las campañas proselitistas y el silencio cómplice de la bancada oficialista quedan pocas esperanzas de que la norma logre obtener media sanción de Diputados.
El cartismo, primer sector en adelantar su rechazo, alega la inaplicabilidad del proyecto de ley y una serie de excusas el mismo día en que por segunda vez se reunía una mesa técnica entre diputados opositores y varias instituciones que buscaban corregir la propuesta legislativa que pretendía controlar el dinero de precandidatos.
La intención de la mesa interinstitucional era ajustar la norma para que el 4 de febrero pueda ser aprobada. De las reuniones no participó ningún representante de Honor Colorado ni Colorado Añetete, cuyos votos son claves, ya que juntos reunen 43 votos.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ), autora del proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político dio por hecho que no prosperaría la media sanción tras conocerse la posición de cartismo.
El proyecto de ley involucraba a varias instituciones de control como la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero (Seprelad), la Contraloría General de la República (CGR), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y a la Justicia Electoral. Los entes entrelazados iban a auditar el dinero que utilizan los precandidatos en campaña y se establecían sanciones como la suspensión para participar de dos internas (ver infografía).
Con la ley vigente, no se garantiza el control efectivo de las rendiciones de cuentas que presenten los precandidatos en las elecciones internas, ya que la auditoría queda en manos de los Tribunales Electorales Partidarios o de los Tribunales Electorales Independientes, sin que exista un control por parte de un órgano externo como la Contraloría. La única función que tiene la Justicia Electoral es publicar todos los balances de los precandidatos en la página web de la institución.
En el 2018, se realizó la última modificación a la Ley 4743/12 de financiamiento. Si bien se amplió a las internas, también se elevó el aporte individual de 7.000 a 10.000 jornales mínimos (G. 843.400.000) y se sacó a la Contraloría como órgano auditor.