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SAN SALVADOR (Carlos Ávalos, corresponsal). El intendente de este distrito en diciembre último libró el cheque sustentado con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a nombre de su hermana Leila Romina Miranda Cáceres. De esta forma, trasgredió la Ley N° 4758/2012 que establece que dichos fondos deben ser utilizados solamente para proyectos de infraestructura en instituciones educativas, almuerzo escolar y otras necesidades.
Un grupo de concejales ya denunció al jefe municipal por presunta lesión de confianza, por malversación y varios otros hechos ante la Fiscalía General del Estado.
Intentamos conversar con el intendente Miranda para conocer en qué concepto transfirió los recursos públicos de educación a su hermana, pero no pudimos ubicarlo en la Municipalidad, tampoco atiende nuestras llamadas a su número particular.
Igualmente buscamos contactar con su hermana Leila Romina, sin tener éxito, pese a los intentos. Hay informaciones que dicen que ella sería funcionaria municipal, sin embargo, no aparece en ningún registro público y el organismo no cuenta con una página web.
Al respecto, la concejal del distrito Lourdes Aguirre (ANR) indicó que desconocen el motivo del pago a la hermana del intendente. Enfatizó que no saben absolutamente nada de lo que ocurre dentro de la Municipalidad porque Miranda no proporciona ningún tipo de documentos respaldatorios o informes a la Junta Municipal, pese a las reiteradas intimaciones para que informe, según la edil.
Comentó que la hermana del intendente se desempeña como limpiadora de la Municipalidad y del puesto de salud local.
Aguirre señaló que hasta el momento solo el referido cheque pudieron constatar, pero que existirían más pruebas de malversaciones, atendiendo a que el año pasado no se realizó casi ninguna obra en las escuelas y se contaba con más de G. 3.400 millones para el efecto.
Los concejales municipales liberales Osvaldo Amarilla, Nancy Vázquez Vilma Benítez y los colorados cartistas Aníbal Álvarez (presidente de la Junta) y Aguirre ampliaron hace unos días la denuncia contra el intendente, arrimando más pruebas a la Fiscalía Anticorrupción de la capital.
Las denuncias son por lesión de confianza grave, enriquecimiento ilícito, hurto, asociación criminal, entre otros, por un faltante de más de G. 800 millones del Fonacide por obras inconclusas y otras que no se realizaron.
Despilfarros y robos, impunes
Numerosas intendencias, manejadas por políticos de diversos partidos, y gobernaciones, están siendo denunciadas por presuntos robos de millonarios recursos del Fonacide y royalties. En los últimos seis años, intendencias y gobernaciones recibieron un total de 465 millones de dólares, según informe de la Contraloría General de la República, sin embargo, esa ingente cantidad no se refleja en una mejor infraestructura a nivel país. El despilfarro y robo de los fondos sigue impune.