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El año pasado las autoridades brasileñas ya manejaban sospechas de que María Alciris Cabral Jara (mujer de Minotauro) era una de las principales operadoras del esquema criminal y que mantenía “círculos de convivencia con agentes públicos de Paraguay, algunos de los cuales eran responsables de aceptar propinas”, lo que pudo ser uno de los facilitadores de la fuga de reos en nuestro país.
Todo comenzó en febrero del año pasado cuando detuvieron a Sergio de Arruda Quintiliano Netto, alias Minotauro, uno de los más temibles narcotraficantes oriundos del Brasil.
Fue detenido en un complejo de lujo en Camboriú, mientras que cuando estaba en Paraguay se paseaba tranquilamente ya que por un motivo u otro siempre conseguía huir. Cuando fue apresado, aparentemente fue requisada una computadora perteneciente a su pareja, María Alciris, quien es abogada, donde encontraron más que serios indicios.
En agosto del año pasado la mujer fue detenida y su celular hasta hoy día –y en medio de la fuga de criminales del PCC– arrastra a varios agentes de la lucha contra la corrupción en Paraguay.
Ya en diciembre
Un documento del 4 de diciembre último enviado por la Fiscalía brasileña a la secretaría de cooperación internacional de Brasil, adelantaba algo grave sobre el caso Minotauro: Un equipo de investigación paraguayo-brasileño halló indicios de que María Alciris Cabral Jara habría corrompido a miembros de la Fiscalía paraguaya, “entre ellos, el mismísimo coordinador de ECI”.
ECI son siglas de Equipo Conjunto de Investigación, conformado el 31 de julio del año pasado, según avisaba en su página web el Ministerio Público del Paraguay. Su director era el fiscal Hugo Volpe, quien luego terminó renunciando a la Fiscalía, el 22 de noviembre del año pasado, para convertirse en viceministro de política criminal.
Entre las denuncias de los investigadores brasileños dice que observaron que “la investigación criminal iniciada por autoridades paraguayas… había sido archivada”. Por este motivo pidieron que se notifique urgentemente a Paraguay lo descubierto y en carácter confidencial.
El documento fue enviado internamente entre los brasileños el 4 de diciembre; el día 12 salió del Brasil hacia Paraguay, rumbo a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, pero recién ayer tomó estado público, en medio del escándalo de la fuga de los presos del PCC.
Es altamente probable que autoridades del Ministerio Público del Paraguay abrieron el paraguas antes que los brasileños recordaran que ellos ya habían advertido cómo la mafia y el PCC habían permeado al esquema de investigación fiscal y seguridad del Paraguay. Y, precisamente, luego de que entre los 75 fugados estuvieran seis reos directamente vinculados al poderoso capo Minotauro.
Investigación archivada
El 25 de noviembre del 2019, la Fiscalía de Ponta Porã envió un documento a la Procuraduría General del Brasil en el que alertaba sobre indicios hallados y la connivencia con fiscales.
Mencionaron que habían investigado a Minotauro y su organización criminal transnacional, armada, especializada en tráfico de drogas y corrupción de fiscales así como a su compañera, María Alciris Cabral Jara.
Fueron más lejos: Habían entregado en las propias manos del agente fiscal Hugo Volpe parte de las pruebas que habían sido recogidas, en especial los datos extraídos de celulares y laptops (con más de 50 GB de informaciones) que demostraban “el enorme poder de corrupción activa de integrantes de la organización criminal a autoridades de la República del Paraguay”.
Dice el relatorio que, pese a que las pruebas fueron entregadas al fiscal Hugo Volpe en agosto del año pasado, en noviembre aún nada había pasado. “Hasta la presente fecha, a pesar de diversas promesas hechas por los integrantes del Equipo Conjunto de Investigación del lado de Paraguay, absolutamente ninguna información relevante fue enviada al Brasil”, agregan.
La narración va empeorando. Refirieron que apresaron a María Alciris Cabral Jara y que hallaron indicios de que la mujer había corrompido o intentado corromper a al menos dos miembros del Ministerio Público de la República del Paraguay, “uno de los cuales es justamente el Coordinador de ECI (Equipo Conjunto de Investigación) en el Paraguay”.
Hubo demora en la revisión, dicen
Al ser consultado ayer el fiscal Manuel Doldán, de la Oficina de Cooperación de Asuntos Internacionales, sobre la demora en dar a conocer una denuncia tan grave, dijo que el documento llegó a su oficina recién el 7 de enero último en sobre cerrado y confidencial, sin advertencia de contenido, por cuyo motivo su equipo no lo revisó. Explicó que él posteriormente abrió la documentación y decidió viajar a Pedro Juan Caballero para reunirse en la frontera porque la información era gigantesca y tenía varios asuntos en sigilo, que no atañen precisamente al Paraguay. “Viajé y volví el 15, ubiqué la información, la procesé y entendí viable darle contenido de noticia criminal”, explicó el fiscal Doldán.