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La cúpula colorada, controlada por el cartismo, convocó a una primera reunión para debatir el proyecto de ley de trazabilidad del financiamiento político, presentado por la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) y otros parlamentarios.
El proyecto dispone, entre otras cosas, el control del uso del dinero desde el inicio de la campaña electoral con cuentas bancarias auditables y la declaración jurada de los candidatos ya en las internas.
La decisión de comisión ejecutiva de la Junta de Gobierno es conformar una comisión integrada por parlamentarios y conocedores del tema electoral, para iniciar el estudio del proyecto, según informaron los cartistas Darío Filártiga, vicepresidente 1° de la ANR; el senador Arnaldo Franco y el diputado Basilio Núñez, líder de bancada. Los mencionados enfatizaron que el partido de gobierno recién “abrió un análisis” de la propuesta legislativa y que una vez concluida esa etapa tomará una postura institucional que asumirán sus legisladores.
Con esta decisión lo más probable es que se retrase en el Parlamento el estudio del proyecto de ley porque la ANR no tiene fecha para tomar una postura, algo que además puede ir dilatando.
“No vamos a tomar ninguna posición apresurada. Queremos tomarnos el tiempo adecuado para poder hacer un análisis serio y ofrecer al país una ley realmente que responda a los intereses nacionales y no sectoriales”, expresó Filártiga.
Franco, por su parte, enfatizó que el proyecto de ley de trazabilidad se presentó en la última semana de diciembre y que la oposición quiere aprobarla “a tambor batiente”.
Anunció que los diputados y senadores colorados encargados del estudio del proyecto comenzarán hoy a pedir informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Contraloría General de la República, Justicia Electoral, asociación de bancos, entre otras instituciones, para ver si es posible aplicar la propuesta de trazabilidad.
Núñez señaló que el proyecto tiene algunos artículos inaplicables.
Filártiga y Franco enfatizaron en que la ANR es el primer interesado en que haya un efectivo control del financiamiento político.
Plazo hasta el 5 de marzo
La ley de trazabilidad del financiamiento político debe estar aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo antes del 6 de marzo próximo para ser aplicada en las internas del 12 de julio próximo, en las que todos los partidos y movimientos políticos deberán elegir candidatos a cargos municipales. Esto es debido al calendario electoral municipal dispuesto por la Justicia Electoral que comienza oficialmente el 6 de marzo. Cualquier legislación que afecte ese proceso electoral debe estar vigente antes de la fecha indicada.