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En ese entonces, Soares y la exdiputada Rocío Casco eran correligionarios y ambos llevaron la bandera de desprestigio contra nuestro diario, que gracias a una investigación periodística reveló una sobrefacturación de unos G. 4.200 millones en la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y que desembocó en la imputación de su entonces titular Camilo Soares y su director de Contrataciones, Alfredo Guachiré.
La única forma de hacer frente a las publicaciones de la época era el intento del desprestigio de nuestro medio de comunicación. En esto basó Camilo su defensa jurídica mientras chicaneaban el proceso judicial para buscar ventajas.
Gracias a influencias políticas y judiciales, Soares y Guachiré lograron dilatar su proceso por diez años, hasta que finalmente ahora deben afrontar juicio oral en febrero de este año, tras la conclusión de la feria judicial.
Sin embargo, las denuncias que realizaron los acusados Camilo Soares y Alfredo Guachiré contra la administración de Mario Ferreiro al frente de la Municipalidad de Asunción no solo hicieron que renuncie el jefe comunal, sino que también se abra una gran brecha ente Casco y Soares, quienes hoy se acusan mutuamente de supuestos hechos de corrupción.
Soares dice que Casco trató de tenderle una trampa y la exdiputada dice que su exaliado político de izquierda tiene manejos de “gangster”.