Cargando...
Los diputados de todas las bancadas opositoras y Ramón Romero Roa (ANR, Añetete) firmaron el pedido de reunión que será presentado este viernes a la comisión Permanente del Congreso Nacional. El respaldo que le den los colorados, que solo unidos cuentan con mayoría propia en Diputados, será el segundo paso a favor de la transparencia.
El líder de la bancada “C” del PLRA, Jorge Ávalos Mariño, confirmó que el viernes presentarán la solicitud. La comisión Permanente se reunirá el próximo martes 14 y la posición que asuman será determinante para convocar o no a la Cámara de Diputados para tratar dos proyectos sumamente importantes para el control del dinero sucio y la transparencia de los bienes de todos los funcionarios públicos, incluyendo a autoridades electas.
Un grupo de diputados opositores busca que el proyecto de modificación del financiamiento político sea aplicado en las próximas elecciones municipales previstas para el 12 de julio.
La modificación propone un control más estricto al financiamiento de las campañas de los precandidatos y el plazo límite que da la Justicia Electoral es hasta el 6 de marzo para establecer cambios legislativos al sistema electoral antes de los comicios internos.
El proyecto de ley plantea que cada candidato realice una declaración jurada de ingresos y gastos realizados durante la campaña y en caso de que no cumpla será castigado con una multa de G. 25.302.000. Se establece, además, una declaración jurada de intereses de cada candidato, que los partidos y movimientos serán sujetos de control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
El mismo grupo de parlamentarios también insiste en la sanción del proyecto de ley que modifica la Ley de declaraciones juradas de bienes y rentas que ya cuenta con media sanción del Senado. Los senadores liberan la publicidad de las declaraciones y buscan evitar que entre en vigencia la ley el 7 de febrero que permitirá que solo con una orden judicial se puedan conocer las declaraciones juradas.
En el caso del plan de trazabilidad del financiamiento político, debe completar el circuito legislativo para que pueda ser sancionado y remitido al Poder Ejecutivo, ello si Diputados logra dar media sanción.