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La reclusión es por asociación criminal y por la violación de los artículos 94 y 97 de la Ley de Marcas que habla de fabricación ilícita, conforme a la resolución judicial. Del poder del político se incautaron varias armas, entre ellas algunas modificadas.
La orden de prisión incluye, además de Adaro Monzón, a Óscar Arnaldo Perdomo y Senén Antonio Sosa, también detenidos, y luego imputados, en el operativo “Gangster” realizado por una comitiva fiscal-policial en la madrugada del 3 de enero último, en las localidades de Maciel, Yuty y 3 de Mayo, del departamento de Caazapá.
Según explicó el magistrado Otazú, en un primer momento todos los imputados serán remitidos al penal de Tacumbú, pero luego la Dirección de Institutos Penales deberá disponer el lugar de reclusión adecuado para estas personas.
La entidad deberá comunicar al Juzgado en caso de que sean trasladados a otro centro penitenciario.
“En esta audiencia lo que se estudia es el pedido de la medida cautelar, y en ese sentido el juzgado ha resuelto. Con relación a los incidentes, estos seguirán sus trámites procesales y mañana se correrá traslado al Ministerio Público. Oportunamente se estará dictando resolución”, explicó el juez Otazú.
El magistrado destacó que el Ministerio Público señaló el peligro de fuga y la obstrucción en esta investigación incipiente, por lo que teniendo en consideración las penas que podrían ser impuestas eventualmente, “estamos ante crímenes”.
En la madrugada del 3 de enero, una comitiva fiscal-policial realizó una serie de allanamientos en Caazapá en el marco de una investigación sobre un atentado ocurrido en la Gobernación y un asesinato por encargo en Itapúa.
Estos procedimientos guardan relación con el atentado que sufrió la Junta Departamental de Caazapá el 8 de agosto pasado, en el cual, más tarde, se vinculó a su chofer Hugo Arsenio Villar Sotelo (33). Además, están ligados a un caso de sicariato que ocurrió en setiembre de 2019, del cual resultó víctima Carlos Jorge Delvalle Lugo (50).
Justamente el ahora fallecido había denunciado previamente que el concejal Adaro había amenazado con matarlo si no decía que era él quien coordinó el ataque a la Gobernación de Caazapá. Por ende, el edil también pasó a ser sospechoso del caso.
Con varios antecedentes
Benjamín Adaro Monzón es un juez que se convirtió en un polémico político colorado sospechado de varios crímenes. En febrero del 2019 consiguió su sobreseimiento por “error de forma” en un caso de presunta coacción. El comerciante Jorge Baeza le denunció que bajo amenaza de muerte le hizo firmar pagarés en blanco y transferir una quinta a nombre de un guardia del político. Adaro también fue acusado de un atentado contra el exintendente yuteño Nelson Vera Villar (PLRA) y tendría vínculos con el narcotráfico, según versiones recogidas.