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Los exjefes comunales Roberto Chávez Pasotti (ANR) y Nelson René Carreras (PLRA) son los dos únicos políticos condenados a guardar reclusión por malversar recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). El colorado recibió una pena de siete años y seis meses de reclusión, mientras que el liberal seis años de penitenciaría.
Chávez Pasotti, exintendente de Laureles (Ñeembucú), fue condenado por el delito de lesión de confianza en abril pasado junto a su extesorero Pablino Milciades Verón, quien recibió una pena de cinco años. El exjefe comunal fue denunciado en el 2014 por los 12 concejales de su distrito, quienes le acusaron de desviar unos G. 1.800 millones en el 2012.
Carreras, exintendente de Puerto Pinasco (Pdte. Hayes), también recibió condena junto con su extesorero Luis Irala por lesión de confianza y además por apropiación. La pena de Irala es de 4 años y 6 meses. La decisión judicial se conoció en los últimos días del 2019 y el exintendente deberá cumplir su castigo en la cárcel de Emboscada.
Carreras administró la alejada comunidad de Pinasco en el periodo 2010-15 y, según la denuncia, formó un esquema ilícito con su tesorero que perjudicó en un total de G. 10.278.134.643 al distrito chaqueño.
Un total de 68 municipios y cuatro gobernaciones incurrieron en usos irregulares de Fonacide, según Contraloría. La justicia ha imputado a varios exadministradores comunales, pero los procesos están estancados por la chicanas. Entre los procesados están César Balbuena (PLRA, efrainista), exintendente de Santa Elena; Gustavo Alfonso (ANR), exjefe comunal de Arroyos y Esteros; Luis César González (PLRA, llanista) de Mbocayaty del Yhaguy; Hernán Adolar Schlender (ANR, cartista), exintendente de Jesús de Trinidad, quien incluso usó la cuenta del Fonacide para lavar dinero del narcotráfico; y Roberto Cárdenas (ANR, cartista), de Lambaré.
Los recursos del Fonacide y de los royalties que se reparten a gobernaciones e intendencias en todo el país poco han servido para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura pública de nuestro país, pese a que en siete años, solo en concepto de Fonacide, fueron distribuidos US$ 451 millones, según datos oficiales.
Las escuelas se siguen cayendo y poniendo en riesgo a niños y muchos estudiantes continúan dando clases bajo árboles. Este dinero público en gran medida ha servido para que una clase política, sin distinción de colores, se enriquezcan y a la vista de los pobladores de sus comunidades.
US$ 451 millones distribuidos
En 7 años de vigencia de la ley 4.758, que crea el Fonacide, ya fueron distribuidos un total de 451 millones de dólares a gobernaciones y municipios. Pese a esa ingente cantidad de dinero entregado, la infraestructura de las instituciones públicas, sobre todo de las escuelas, poco o nada ha mejorado. Las denuncias hablan de que el recurso sirvió más bien de fuente de enriquecimiento ilícito de políticos.