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La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad la ley “de promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción”. Ahora queda en manos del presidente Mario Abdo Benítez la promulgación o veto de la nueva ley.
La diputada Kattya González (Encuentro Nacional) propuso la aprobación del proyecto de ley tal cual fue aprobado en el Senado y destacó que la norma incorpora varias innovaciones y simplifica la burocracia estatal. Dijo que un proceso de adopción como máximo duraría unos ocho meses y medio. La senadora Desirée Massi (Partido Democrático Progresista), uno de los proyectistas, en su momento había asegurado que actualmente un trámite de adopción puede durar ocho años.
Varios diputados destacaron el trabajo realizado en la elaboración del proyecto, con la participación de instituciones públicas y la sociedad civil.
Entre las innovaciones de la nueva ley sancionada, que además modifica artículos del Código de la Niñez y Adolescencia, está la posibilidad de que las familias acogedoras puedan adoptar, algo prohibido en la actual normativa. También establece un subsidio estatal a las familias acogedoras, plazos para las decisiones administrativas y judiciales para evitar la mora y la participación del niño en las audiencias. Esto es para que el juzgado verifique si el Centro de Adopciones tuvo en cuenta la opinión del niño, “según su madurez, para seleccionar al o a los postulantes” a la adopción y verificar si hubo o no consentimiento del niño a partir de los ocho años de edad. La ley sancionada se aplica al niño, niña o adolescente separado de su familia o en riesgo de serlo. También pretende mejorar los cuidados alternativos al niño separado de su familia. Permite en forma excepcional la adopción internacional. Su finalidad es garantizar el derecho del niño a vivir en un entorno familiar, según el texto de la nueva legislación.
Evitar los acogimientos con fines lucrativos y la dilación
La nueva ley de adopción establece como uno de los “principios procesales” que el juzgado interviniente “se cerciorará en todos los casos que la adopción no sea utilizada con fines de lucro”. También dispone que el juzgado en todos los juicios para declarar el estado de adoptabilidad deberá respetar los principios de: inmediación, oficiosidad y continuidad, evitando cualquier dilación que entorpezca los procesos. La ley señala que “la adopción es de carácter excepcional y procede únicamente cuando se hubiera realizado previamente la búsqueda y localización de su familia nuclear o ampliada”. Es requisito la declaración del estado de adoptabilidad para iniciar el proceso de adopción.