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El intendente liberal Armando Gómez, quien se encuentra imputado y con libertad ambulatoria, acudirá esta mañana a ejercer su defensa sobre las nueve causales de intervención que fueron denunciadas por la Junta Municipal de Lambaré.
La semana pasada, un grupo de concejales municipales, expuso sobre las posibles causales de intervención municipal. Entre ellos denunciaron millonarios desvíos de fondos, malversación del Fonacide, fraude con almuerzo escolar y deudas en salarios a funcionarios y ediles desde hace más de cinco meses.
La Junta Municipal acusa al intendente de perjuicios económicos por más de G. 40.000 millones.
Solo en recursos de royalties no transferidos a la Municipalidad de Lambaré por el Ministerio de Hacienda ante la falta de cumplimiento y rendiciones se estima un perjuicio de G. 20.156 millones. (Ver infografía).
Mientras que en malversación de fondos provenientes de impuestos inmobiliarios correspondientes a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019 se estima un perjuicio patrimonial de G. 6.920 millones.
También se mencionó como causal de intervención una imputación contra el intendente en el marco de una demanda contra la Comuna lambareña, por parte de la firma Titanic Corporation SA (Ticsa).
Tratamiento
La Cámara de Diputados tratará el pedido de intervención en la última sesión ordinaria del año, prevista este miércoles. El receso parlamentario se inicia el sábado 21 próximo.
Aparentemente existe un compromiso del cartismo para dar su voto a favor del pedido de intervención. Sin embargo, la posición del sector genera dudas debido a que el mismo sector que siempre estuvo aliado al llanismo ya salvó a Gómez de un pedido de intervención municipal en el periodo parlamentario anterior.
La moneda de cambio fue el salvataje a Gómez a cambio de que los diputados y senadores apoyen el proyecto de enmienda para la reelección.
Atribución de la Cámara Baja
El artículo 222 de la Constitución Nacional establece como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados prestar acuerdo para la intervención de los gobiernos departamentales y municipales.
Para aprobar un pedido de intervención se requiere de 41 de 80 votos. El cartismo, el abdismo y los sectores minoritarios de la oposición votarían a favor de prestar el acuerdo.