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Los llanistas presentaron una acción de nulidad contra los elegidos para ser miembros del Tribunal de Conducta y del Tribunal Electoral Independiente en el 2016, argumentando que el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, conformó esos órganos a medida.
Con el tiempo, los cinco miembros titulares y cinco suplentes del Tribunal de Conducta fueron renunciando y otros tuvieron mandato fenecido, quedando sin quórum para sesionar. Ante esta situación, el trámite judicial presentado por los llanistas carece de fundamento.
El apoderado del PLRA, Rubén Ocampos, refirió que la situación ya fue puesta a conocimiento del Directorio liberal. Explicó que no es necesario convocar a una nueva votación para elegir a nuevos integrantes del Tribunal de Conducta y que solo basta que la conducción liberal designe.
Sin embargo, Ocampos señaló que aunque el Tribunal de Conducta no tenga quórum, la convención puede también definir las sanciones contra los afiliados denunciados. Explicó que para ello se necesitarán realizar al menos dos convenciones, una para informar y otra para decidir, aunque reconoció que organizar dos asambleas implicará un inmenso gasto.
Esta situación de irregularidad institucional permite que numerosos políticos condenados por la justicia y otros acusados, sigan impunes como afiliados del PLRA.
Uno de los casos más notorios (ver cuadro) es el de Rubén Quesnel, titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) durante el gobierno del presidente Federico Franco. El mismo fue condenado a 10 años de cárcel pero sigue en filas del PLRA. Y el excontralor Daniel Fretes Ventre había sido condenado a 12 años de prisión.