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El titular de la Justicia Electoral, Jaime Bestard (ANR, cartista) y el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, concurrieron a ayer al Senado donde confrontaron sus explicaciones ante las denuncias de supuestas irregularidades y la suspensión de la licitación del voto electrónico. En la reunión abierta, Bestard recalcó que la suspensión del concurso, que involucra el alquiler de 15.000 máquinas de votación a un costo de US$ 22 millones, peligra el cronograma electoral de las elecciones internas del 12 de julio y las municipales del 8 de noviembre de 2020.
Ratificó que sectores políticos intentan atacar la licitación para eliminar el desbloqueo de listas sábana, pero se negó identificarlos o a revelar sus “fuentes”.
Bestard llegó acompañado por sus pares, los dos restantes miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María Elena Wapenka (PRF). También concurrieron altos funcionarios y asesores del TSJE que buscaron desmentir las denuncias de la firma extranjera Smartmatic de favoritismo a Magic Software Argentina (MSA).
Seitz dijo que Contrataciones Públicas suspendió el miércoles 6 pasado temporalmente la licitación porque “no se puede tener dudas” sobre “el Santo Grial de la voluntad popular”. Reiteró que no hubo injerencia política desde el Poder Ejecutivo sobre su decisión y recordó que solo habló con el presidente de la República Mario Abdo Benítez al día siguiente de su resolución. Anunció que este jueves 14 se definiría si la licitación prosigue o no.
Los senadores oficialistas encabezados por Enrique Bacchetta, Silvio Ovelar y Lilian Samaniego aseguraron que el Jefe de Estado apoya plenamente el desbloqueo de listas sábana. Sin embargo, insistieron en que las urnas electrónicas no son confiables. Juan Carlos Galaverna (ANR, Añetete) no asistió a la reunión.
El Senado abrió su reunión a los diputados Kattya González y Norma Camacho (PEN); Celeste Amarilla (PLRA) y Sebastián Villarejo (PPQ). Amarilla acusó a los ministros del TSJE de coimeros y dijo que incluso la firma denunciante aceptó una coima para presentarse a concursar pese a sus acusaciones. Villarejo en cambio responsabilizó al gobierno por la suspensión de la licitación, ya que el desbloqueo sin máquinas permitirá el robo de votos al tercer espacio. El senador Fernando Lugo (FG) dijo que en esta licitación “la cancha está embarrada” y Desirée Masi (PDP) denunció que la licitación era una adjudicación directa disfrazada.