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Al mediodía de ayer, los ministros de la Justicia Electoral Jaime Bestard (ANR, cartista) y Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) remitieron al titular de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, un pedido de reconsideración de la suspensión a la licitación del alquiler de las urnas electrónicas. Entre los argumentos expuestos por las autoridades electorales se mencionó que el recurso de reconsideración se debe a que la suspensión compromete el orden público, poniendo en peligro el éxito del acto más importante de la vida republicana, en alusión a las elecciones, porque en menos de nueve meses se deben realizar las internas y las generales municipales.
También señalan que la decisión viola el artículo 82 de la ley de Contrataciones Públicas en la que se menciona que una suspensión “no debe causar perjuicio al interés social y no se contravenga con disposiciones del orden público”. Cuestionan también que no se haya avisado de la suspensión para que el TSJE expida su parecer, y que la suspensión carece de fundamentación porque “en ningún momento la DNCP justificó la existencia de indicios serios”, y tampoco explicó los daños que pueda generar al Estado si el procedimiento continuaba.
Para los ministros electorales, Seitz se contradijo al rechazar la protesta presentada por Smartmatic contra el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), la cual fue rechazada por la DNCP, y que luego, dicha institución utilizó los mismos argumentos que antes rechazó, para iniciar una investigación de oficio. Finalmente, Contrataciones ignoró atribuciones del TSJE, y rechazaron los cuestionamientos al PBC.