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El jefe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, confirmó a ABC Cardinal 730 AM, en la tarde de ayer, que decidieron suspender el llamado a licitación para el alquiler de urnas electrónicas para las elecciones municipales del 2020. Fue el propio presidente Mario ABdo Benítez (ANR) quien ordenó que se suspendiera el concurso de ofertas, según las fuentes.
Seitz expresó que rechazaron la protesta presentada por Smartmatic Internacional porque la misma también se presentó para el llamado, por lo que “nos vimos obligados a cerrar la protesta”, agregó.
Seguidamente, indicó que para dar seguridad a los políticos que manifestaron sus dudas sobre el funcionamiento de las urnas y a la ciudadanía en general, de oficio “decidimos abrir un proceso de investigación” y “suspender la licitación”.
Aclaró que la suspensión es temporal, mientras dure el proceso de investigación sobre el cual no dio ningún plazo, pero aseguró que se culminaría lo antes posible, atendiendo los plazos electorales. “Esto no significa la cancelación del proceso”, manifestó.
Seitz dijo que el análisis que realizarán será sobre el pliego de bases “si es que eventualmente no se puede aprobar lo que plasmó la Justicia Electoral en el pliego, entonces se pide que se corrijan estos elementos del pliego para volver a recibir ofertas de cualquiera de las empresas que estén en condiciones de presentar esas opciones de oferta”.
La protesta presentada por Smartmatic incluye, entre otras cosas, cuestionamientos al pliego, señalando que fue direccionado. Resulta llamativo que dicha protesta fue dejada de lado, pero su argumento fue utilizado para iniciar una investigación de oficio por parte de la DNCP, antes de la adjudicación.
Desbloqueo en riesgo
La paralización de la licitación del sistema de votación electrónica pone en riesgo la aplicación del Desbloqueo de lista sábana. De esta manera la clase política buscaría eliminar el logro ciudadano de dar su voto al candidato de su preferencia dentro de una lista cerrada.
No es la primera vez que los políticos colorados sepultan el sistema de votación electrónica. Nuestro país utilizó urnas electrónicas del 2001 al 2006. Cuando las máquinas se usaron en las internas de la ANR se crearon denuncias de fraude y el sistema fue eliminado desde el Senado.
15.000 máquinas, US$ 23 millones
La Justicia Electoral, cuyo titular es Jaime Bestard (ANR, cartista), llamó a licitación internacional para alquilar 15.000 máquinas de votación a ser utilizadas en las elecciones municipales del 2020, a un precio tope de US$ 23 millones. Se presentaron dos consorcios internacionales: El primero es Magic Software Argentina en alianza con Excelsis, firma paraguaya proveedora del TSJE, y el segundo es Smartmatic, cuyos representantes denuncian una supuesta licitación amañada, favoritismo y peligro de hackeo. El proceso está parado.