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La acción va contra un fallo que ya está firme en el que se agotaron todas las instancias y recursos para apelar la pena, pero el caso fue a parar a la Sala Constitucional de la Corte, cuyos tres miembros Gladys Bareiro de Módica, Miryam Peña y Antonio Fretes, no pueden entender en el caso debido a que ya opinaron en el mismo expediente en otros incidentes.
Solo Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón, en algún momento podrían integrar la Sala Constitucional para resolver el caso, siempre y cuando no sean recusados o se excusen ellos de integrar la Sala.
Los otros seis ministros de la máxima instancia judicial ya no pueden ser parte de este incidente debido a que ya integraron la Corte en otras presentaciones en el caso del expediente conocido como “la niñera de oro”.
La presentación realizada por el condenado Bogado no puede correr debido a que ataca una resolución dictada por la Sala Penal y la Ley 609 que organiza la Corte Suprema de Justicia en su artículo 17 habla de la irrecurribilidad de las resoluciones y dice que “las resoluciones de las salas o del pleno de la Corte solamente son susceptibles del recurso de aclaratoria y, tratándose de providencia de mero trámite o resolución de regulación de honorarios originados en dicha instancia, del recurso de reposición. No se admite impugnación de ningún género, incluso las fundadas en la inconstitucionalidad”.
El artículo es claro al señalar que las tres salas de la Corte tienen el mismo rango y, por lo tanto, una no puede anular lo resuelto por la otra, ni por la vía de la inconstitucionalidad que es la vía elegida por el condenado Víctor Bogado, para tratar de anular la sentencia firme en su contra. Ahora se debe esperar a conformar la Sala Constitucional para rechazar la acción que no tiene sentido judicialmente hablando.
Otra acción
El 28 de mayo pasado, el condenado Bogado presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad para anular la resolución N° 523 del Senado por la cual se le retiró su investidura de senador por el período 2018-2023, alegando que se violentaron sus derechos y su presunción de inocencia, pero ahora que tiene una condena firme la acción debe ser rechazada de oficio.