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Luego de tres horas de deliberaciones, los 10 integrantes de la Comisión Bicameral que investiga el acta bilateral del 24 de mayo no llegaron a un acuerdo para emitir un solo dictamen que resuma las seis conclusiones que fueron presentadas por los legisladores en la víspera, aunque la mayoría coincidió en que tuvo un carácter entreguista.
De manera individual presentaron sus conclusiones y argumentaciones los senadores Jorge Querey (FG), Antonio Barrios (ANR, cartista), Enrique Bacchetta (ANR, Añetete) y el diputado Colyn Soroka (ANR, Añetete). De forma grupal presentaron sus conclusiones el diputado Fernando Oreggioni y el senador Eusebio Ramón Ayala, ambos del PLRA efrainistas, por un lado, y los liberales llanistas diputado Sergio Rojas y el senador Abel González y los diputados colorados cartistas Walter Harms y Justo Zacarías Irún, por otro.
El senador Querey fue el único que incluyó en su conclusión al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, mencionando que estuvo en conocimiento del acta desde un principio, conectado con Leros (compañía brasileña supuestamente vinculada al presidente Bolsonaro), y su informe, al igual que el del senador Barrios, y el de Oreggioni y Ayala, sí incluyeron al presidente Mario Abdo Benítez.
La conclusión firmada por los cuatro legisladores llanistas y cartistas no agregó al Jefe de Estado argumentando que no pueden investigarlo, según lo que establece el artículo 195 de la Constitución Nacional que habla sobre las comisiones de investigación.
Los oficialistas Soroka y Bacchetta defendieron al Mandatario y al senador Luis Castiglioni, que en ese entonces se desempeñaba como canciller nacional.
Todas las conclusiones coincidieron en echar la culpa al embajador Hugo Saguier Caballero, quien era el jefe de la misión diplomática y vicecanciller paraguayo.
Sobre el acta bilateral cuestionada, los oficialistas Soroka y Bacchetta trataron de minimizar sus efectos, pero los demás legisladores coincidieron en mencionar que la misma fue perjudicial para los intereses del país, específicamente a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Las conclusiones serán remitidas a las cámaras Alta y Baja y a la Fiscalía.