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La misiva es en respuesta a la “enérgica protesta” del Gobierno paraguayo ante la ACNUR por el refugio que otorgaron Uruguay y Finlandia a los prófugos y procesados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernadi, ocurrido entre 2001 y 2002.
El representante regional de la ACNUR para Sur de América Latina, Juan Carlos Murillo, entregó la carta ayer a Rivas Palacios, durante una audiencia en sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Murillo, tras reunirse una hora con el canciller, en declaraciones a la prensa, dijo que no podía hablar sobre casos individuales ni dar detalles y se limitó a insistir en que la ACNUR está dispuesta a recibir información sobre el caso de los refugiados paraguayos y compartir los datos con los Estados. Reconoció que la Cancillería se ratificó en su protesta por el refugio a los prófugos paraguayos.
En la misiva del alto comisionado se enfatiza que la ACNUR “toma cualquier alegación de abuso de la institución del asilo muy seriamente” y señala que su responsabilidad como “supervisora”, conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, “tiene el mandato de asegurar que los Estados cumplan con sus compromisos y obligaciones internacionales” para garantizar al correcto procedimiento para otorgar los asilos. Arrom, Martí y Colmán huyeron de Uruguay a Finlandia el 9 de octubre último.