Cargando...
Las estadísticas del Ministerio Público revelan que de enero a agosto de 2019 se denunciaron 2.029 casos de abuso sexual en niños. La mayor cantidad se registra en el departamento Central con 799 hechos.
Siempre atendiendo los datos de la fiscalía, en Asunción se hicieron 202 denuncias, en Concepción 66, San Pedro 118, Cordillera 77, Guairá 41, Caaguazú 94, Caazapá 31, Itapúa 155, Misiones 41, Paraguarí 52, Alto Paraná 199, Ñeembucú 13, Amambay 28, Canindeyú 31, Presidente Hayes 49, Boquerón 30 y Alto Paraguay 3 casos.
De los 2.029 denuncias, 257 se hicieron en enero, 236 en febrero, 228 en marzo, 254 abril, 215 mayo, 282 junio, 262 julio y 295 en agosto.
Los datos del Ministerio Público también revelan que en 2012 se presentaron 1.798 denuncias; en el 2013 fueron 1.928; en 2014 llegaron a 1.834; en 2015 treparon a 2.196; en 2016 llegaron a 2.126; en 2017 fueron 2.257 y en 2018 se pusieron a conocimiento de la fiscalía 2.608 supuestos abusos.
El abuso sexual está previsto y penado en el artículo 135 del Código Penal que en su inciso 1° señala que el que realizara actos sexuales con un niño o lo indujera a realizarlos, será castigado con 4 a 15 años de cárcel; el 2° dice que la pena será de 10 a 15 años cuando el autor maltratara físicamente de la víctima, abusara en diversas ocasiones, la víctima sea su hijo biológico, adoptivo o hijastro o con un niño cuya educación, tutela o guarda esté a su cargo; el inciso 3° dice que cuando concurran más de una circunstancia el autor será penado de 15 a 20 años de cárcel y el 4° establece que la pena privativa de libertad no será menor de 15 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima. En caso de que la víctima sea menor de 10 años, la pena no será menor a 20 años de penitenciaría.
La pena a los abusadores de niños se fue aumentando y la última modificación se hizo en el año 2017. Anteriormente, era muy leve.
El hecho de abuso saltó al tapete cuando un Tribunal de Sentencia de Paraguarí integrado por los jueces Jorge Giménez, Hugo Ríos y Gerardo Ruiz Díaz condenó a un padrastro que abusó sexualmente de su hijastra menor de 10 años a solo dos años de penitenciaría con suspensión de la ejecución de pena.
La Fiscalía había solicitado 6 años de penitenciaría. El autor fue juzgado con la ley anterior que era más benigna, que establecía como pena máxima 6 años de prisión en caso de no haberse comprobado que hubo coito, que fue descartado en este caso por informe forense.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, presidido por el senador colorado, Enrique Bacchetta, solicitó los antecedentes del caso y en la sesión de la semana pasada, suspendió a los tres jueces y a la fiscala Yrides Ávila, quien tuvo a su cargo la investigación en su comienzo. La misma no habría profundizado exámenes médicos para confirmar o descartar si la niña fue violada por el padrastro.
Sin embargo, además del informe del forense Alcides Ochoa, que descartó la violación, pero que aconsejó una inspección por el área ginecológica, se agregó al expediente el informe de director médico del Hospital de Paraguarí, doctor César Benítez, quien también descartó el coito.
También ofreció como prueba el informe del pediatra Eduardo Id y del ginecólogo Marcelo Obelar, médicos del hospital distrital de Carapeguá. O sea la fiscala agregó varios informes médicos en su acusación.
Otro caso que llamó la atención fue la resolución del Tribunal de Apelación de Ciudad del Este integrado por Aniceto Amarilla, Ysidro González y Miryan Meza de López. Los mismos revocaron la prisión de un policía que fue condenado a 10 años. Los jueces que lo condenaron ordenando que vaya inmediatamente a prisión. Sin embargo, el mismo ya estuvo tres años en la cárcel en cumplimiento de la pena mínima, según la ley anterior que rigió para él.
Más recursos para investigaciones
El Ministerio Público solicita al Congreso más presupuesto para el año que viene, atendiendo el aumento de los hechos punibles. Por ejemplo, el abuso sexual en niños. Para estos casos, la fiscalía necesita contratar más sicólogas, trabajadoras sociales, peritos forenses y otros.
En lo que respecta a los delitos económicos, requiere el servicio de más analistas financieros, peritos contables, auditores contables. Igualmente necesita más fiscales y funcionarios no solo en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, sino también en varias otras, según indicaron nuestras fuentes.
Otorgar o no al Ministerio Público el presupuesto que había solicitado queda en manos del Congreso, cuyos miembros declararon en varias ocasiones que van apoyar averiguaciones contra el crimen organizado.