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El proyecto original presentado por el senador Buzarquis establece un horario habitual de trabajo de entre las 08:00 y las 18:00 en las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, entes autónomos, autárquicos, empresas públicas, sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado y demás instituciones contenidas en el Presupuesto General de la Nación, aclarando que deberán respetar la carga horaria establecida en la ley.
El proyecto prohíbe asimismo a las empresas del Estado que prestan servicios, como la Essap, el MOPC, las municipalidades y empresas tercerizadas, realizar trabajos en las vías públicas que sirvan de acceso y salida a las ciudades en los horarios de entre 7:30 y 09:00 y entre las 17:00 y las 18:30, con el objetivo de evitar el congestionamiento del tránsito vehicular en los horarios pico.
En tanto, para el Poder Judicial establece que el inicio de actividades con atención al público será a partir de las 9:00.
Otra disposición es que los servicios de recolección de residuos, prestados por las municipalidades, empresas tercerizadas y empresas privadas al servicio de municipalidades, deberán realizar su servicio fuera del horario establecido en esta ley y en especial en las zonas donde funcionan locales gastronómicos, donde deberán hacerlo antes del inicio de horario laboral establecido en la ley.
Controversia
El senador Buzarquis indicó que la ley, cuyo estudio se suspendió en varias oportunidades, fue objeto de audiencias públicas y que la gran mayoría de los representantes de instituciones públicas se mostraron favorables. No obstante, aclaró que el Poder Judicial, por ejemplo, está en contra de su implementación, alegando que son un poder independiente y pueden fijar ellos mismos sus horarios.
Buzarquis destacó que el proyecto apunta a modernizar el manejo en la administración pública, además de descongestionar el tránsito en horas pico.
Por su parte, la senadora Desirée Masi destacó la necesidad de que haya un consenso con todos los involucrados para evitar que posteriormente la ley sea objeto de veto o recursos de inconstitucionalidad, alegando derechos adquiridos.
Tras el debate, se decidió la aprobación y volver a incluirlo en 15 en el orden del día para su tratamiento en particular.