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Los fiscales de Delitos Económicos Josefina Aghemo, Sussy Riquelme y Osmar Legal pidieron que se rechace la apelación que está patrocinada por el abogado Ricardo Preda.
Esta causa tiene que ver con la declaración falsa de bienes (vehículos, inmuebles y dinero) ante la Contraloría General de la República, con el fin de ocultar la fortuna del político colorado y su esposa, exintendenta de Ciudad del Este.
El juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica rechazó el incidente de incompetencia, pero la defensa apeló el fallo ante la Cámara.
Como principal argumento, Preda asegura que la presentación de la declaración jurada de bienes fue realizada vía online, en Ciudad del Este, por lo que el hecho se concretó allá.
Los fiscales desbaratan este argumento en la apelación primero porque hay constancia de presentación en la misma sede de la Contraloría, lo que es de conocimiento de la defensa, que accedió a pruebas lacradas que fueron incautadas en oficinas del edificio Cosmopolitan de Ciudad del Este. En ese sentido, se indica que las presentaciones de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los imputados Ernesto Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod de Zacarías ante la Contraloría, “llevan la firma del señor Armindo Torres, director de Área Registro Público de DJBR de la Contraloría General de la República”.
Estos elementos probatorios son pruebas agregadas a la carpeta fiscal y el propio abogado defensor, Ricardo Preda, tiene copias de esos documentos, indican.
En otro punto, los representantes del Ministerio Público aseguran que la sede de la Contraloría General de la República está ubicada en Asunción, más precisamente en la calle Bruselas N° 1.880 entre Bélgica y Viena.
“No sería correcta una apreciación de la ‘declaración’ independiente al ‘ente facultado para recibirla’, como lo pretende el recurrente, pues la norma estipula taxativamente como elemento del tipo que la declaración debe presentarse ante un ente facultado, que en el caso de la conducta realizada por el supuesto autor, sería la Contraloría General de la República, que posee sede únicamente en la ciudad de Asunción”, se desprende de la contestación fiscal.
Finalmente, el Ministerio Público asegura que el juez Gustavo Amarilla ya emitió “numerosas resoluciones judiciales” para las partes y en ninguna ocasión, desde la fecha de presentación de la imputación, fue cuestionada su competencia.
Ocultaron sus bienes
Este proceso se inició luego de que el diario ABC Color, a través de una investigación, descubrió que los Zacarías Irún tenían lujosos departamentos en el Brasil y costosos vehículos que no figuraban en sus respectivas declaraciones de bienes públicas presentadas en la Contraloría General.
Mientras se iban publicando los bienes ocultos, los implicados iban incluyéndolos en sus declaraciones. El Ministerio Público lo tomó en cuenta para demostrar que mintieron en sus declaraciones y fueron imputados.