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La fiscala Sánchez es de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y el Abuso Sexual en Niños y Adolescentes. Interviene en la causa luego de que su colega María Alejandra Savognan se apartara.
De acuerdo con el escrito fiscal, doce de los integrantes de la Armada Paraguaya investigados fueron acusados por abuso sexual en niños, previsto en el artículo 135 del Código Penal que prevé una pena máxima de 10 años de cárcel (ya que hubo coito).
Se trata de Heriberto Chávez Vázquez, Rafael Martínez Brítez, Cristian Dejesús Asunción Saucedo, Édgar Ramón Coronel, Ronaldo César Arrúa, José María Cáceres Tintel, Héctor Rodolfo Morel, Jonathan Eliel Valenzuela, José Rodrigo Ferreira, Miguel Ángel Junior Vargas, Carlos Andrés Machuca y Ángel José Insaurralde.
Por su parte, Marcos Gabriel Delfino fue acusado además de por abuso sexual en niños, por pornografía relativa a niños y adolescentes, establecida en el artículo 140 del Código Penal, con su modificación en la Ley N° 4439/11. El hombre filmó y sacó fotografías de la víctima cuando estaba siendo abusada y se expone a un concurso de penas, teniendo en cuenta que tanto el abuso sexual como la pornografía infantil tienen expectativas de hasta 10 años de cárcel cada uno.
Según los antecedentes, el delito ocurrió en los primeros días de agosto de 2018. Primeramente se consideró como un caso de desaparición de persona. Luego, cuando la niña apareció relató a su madre lo que le sucedió en el interior de la Armada Paraguaya, y se identificó a los responsables del abuso sexual y violación.
El Ministerio Público llevó a cabo la pesquisa por abuso sexual de niños y pornografía infantil, ya que incluso las fotografías tomadas a la menor querían utilizar para extorsionarla.
De acuerdo a la investigación penal, la niña habría sido engañada a través de mensajes de texto para contactar y mantener relaciones sexuales, en la sede militar. Una vez que estuvo en el lugar, las trece personas identificadas cometieron el hecho punible por turno, según la acusación.
Para asegurar que la víctima no cuente lo sucedido, le tomaron fotografías y videos que supuestamente iban a divulgar. Los implicados fueron derivados al penal de Tacumbú por el juez penal de garantías José Delmás, a pedido del Ministerio Público.