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Las calles Cerro León y General Díaz que figuran en el documento son paralelas, según verificaciones de ABC. En el área funcionan una fábrica de galletitas y un taller mecánico.
La empresa fue constituida el 22 de noviembre de 2017 con un capital de G. 40 millones. Los últimos datos revelan que en marzo de este año emitió capital por G. 6.000 millones. Figura como presidente de la firma Silvino Froilán Martínez (85) y como vicepresidenta Priscila Natasha Rojas Barreto (31).
En un contacto telefónico, ayer, Priscila indicó que el local de la empresa está en San Lorenzo. En un segundo contacto, cuando nos identificamos como periodistas, cambió la versión. Dijo que desde hace más de un año y medio no sabe nada de Protoniquel y que no conoce al tal Mariano Bisarello. “Ahora me estoy queriendo comunicar con todo el mundo porque me tomás desprevenida. Me comuniqué con mi compañero de Protoniquel y me aseguró que yo ya estoy desvinculada, entonces no entiendo por qué me estás llamando”, dijo. El “compañero” con el que habló, según dijo, es Martín Martínez, hijo de Silvino Martínez.
Los datos dan cuenta de que el 7 de agosto Brisarello, como representante de Protoniquel, presentó a la titular de Opaci María del Carmen Benítez la propuesta de contrato del servicio y mantenimiento de una solución para la captura, procesamiento y emisión de infracciones de tránsito basado en inteligencia artificial. La Junta Directiva de la organización no gubernamental, en su sesión del 8 de agosto, elevó el documento a su consejo asesor, conformado por tres de sus miembros: Nelson Peralta Torres, concejal cartista de San Lorenzo; Venancio Díaz (exedil de San Miguel) y Julio Ramírez (intendente de San Miguel).
El 12 de agosto el consejo dictaminó “aprobar el contrato porque se ajusta a las normas legales vigentes”. Menciona un convenio de delegación de funciones a favor de Opaci firmado el 8 de agosto por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), cuyas autoridades desconocen. Según la Ley 5016/14 la ANTSV debe otorgar por concurso público el control de la seguridad vial.
El contrato en referencia de cinco años de duración a ser firmado entre Opaci y Protoniquel establece el pago del 42,5% de la recaudación a la firma privada, más 3% de las multas pagadas por los infractores, para sus gastos administrativos. Contempla el pago de otro 10% de lo cobrado al infractor mediante trámites judiciales o extrajudiciales.
No figura cuánto dinero percibirán las municipalidades por permitir la instalación del sistema. Lo que sí consta es que la Opaci debe suscribir los convenios con las mismas y proveer sus propios recursos humanos para la implementación del sistema.