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El 31 de julio pasado el fiscal Luis Piñánez imputó por enriquecimiento ilícito y declaración falsa al diputado colorado Miguel Jorge Cuevas, mientras que a su hijo Enzo Miguel Cuevas Florentín, también por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Igualmente Nancy Dejesús Florentín, esposa del parlamentario fue imputada por cobro indebido de honorarios y uso de certificados sobre méritos de contenido falso. También fue imputada Griselda Beatriz Duarte por cobro indebido de honorarios y expedición de certificados de contenido falso. El juez Miguel Tadeo Fernández comunicó a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero solicitado por la Fiscalía, luego de admitir la imputación de los demás (menos Cuevas) los convocó para imposición de medidas para el próximo viernes.
Sin embargo, ayer los abogados Cecilia Pérez y Timoteo González plantearon en representación del diputado y su esposa la excepción de falta de jurisdicción y de competencia territorial. Piden que la causa sea derivada a Paraguarí. “Todo el relato que desarrolla el Ministerio Público son hechos ocurridos en teoría en el departamento de Paraguarí. Con relación a Cuevas dice que el enriquecimiento ilícito se da cuando él fue intendente, gobernador, son cargos que había ocupado en dicha zona. Lo mismo con relación a su esposa, el cobro indebido supuestamente lo realizó cuando era docente en Paraguarí. Por ello debe tramitarse en esa jurisdicción”, dice el escrito. También plantearon un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la convocatoria de la audiencia de imposición de medidas. La lista continúa con dos incidentes de nulidad del acta de imputación, dos recursos de excepción de falta de acción por prescripción parcial de la sanción penal. La abogada Pérez explicó que “la Fiscalía imputó por la declaración jurada presentada por Miguel Cuevas el 28 de agosto 2013 no habiéndose percatado que el 28 de agosto del 2018 esa conducta de declaración falsa ya prescribió”.
En el incidente de nulidad de la imputación refiere que se cuestionan los valores de los inmuebles. “El monto total del enriquecimiento según la Fiscalía es de G. 1.700 millones, de eso G. 910 millones vale un inmueble que un perito multiplicó las hectáreas, en una pericia de tasación. Dicho inmueble no tiene 36 hectáreas. Sin embargo, el perito le pone una extensión de 36 hectáreas y sobrevalúa falsamente el valor actual del inmueble”, refiere. El abogado César Arnaldo Areco, en representación de Griselda Duarte García, presentó una excepción de falta de jurisdicción y competencia territorial. También un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la fijación de la audiencia de imposición de medidas y la nulidad del acta de imputación. Mientras que por Enzo Florentín, la abogada Noris Pedrozo requirió la nulidad de la imputación y la excepción de falta de acción.