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La auditoría a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) comenzó exactamente hace tres años y seis meses (el 14 de febrero de 2016). En este lapso de tiempo hubo varios cambios tanto en la Contraloría General de la República (CGR) como en la ONG.
Sin embargo, aun así no se justifica tanta demora, teniendo en cuenta que solamente se tenía previsto analizar el ejercicio 2015. El periodo corresponde a la administración del exintendente de Villa Hayes Ricardo Núñez Giménez, hermano del diputado colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez.
Ricardo, por presión ante las innumerables denuncias sobre los manejos poco claros de los recursos que recibe la ONG de las municipalidades del país, había solicitado en 2016, mediante una escueta nota dirigida al entonces titular interino del ente de control, Roy Rodgers Canas, el pedido de auditoría. La organización en 2015 habría manejado G. 41.000 millones, solo en concepto del canon impuesto por la expedición, renovación y anulación de las licencias de conducir.
Luego de iniciar la auditoria de la CGR, Núñez renuncia a la presidencia de la Opaci y deja de ser la cara visible de la entidad. Sin embargo, aún sigue formando parte de la organización como miembro de la Junta Directiva.
La titularidad de la Opaci quedó a cargo de la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez (colorada cartista), quien es pareja del diputado Tomas Rivas (colorado cartista), imputado por estafa, cobro indebido de honorarios y otros delitos.
Núñez sigue en la ONG gracias al cambio hecho en 2015 a los estatutos sociales, pues antes solo los intendentes podían ser miembros. Con la modificación se amplió la cantidad de directores y se permitió el ingreso de personas que no son autoridades municipales.
En la Junta Directiva de la Opaci sigue campeando también el procesado por corrupción Roberto Cárdenas, exintendente de Lambaré.
Con “errores”
El contralor Camilo Benítez, al ser consultado sobre la excesiva demora de la auditoría a la Opaci, argumentó que “el informe fue observado por la directora general de control gubernamental, Gladys Fernández. “Me indicó que el borrador tiene serios cuestionamientos. Se reunió con el director (Miguel Galeano), quien admitió los errores, pero extrañamente igual había firmado el informe”, señaló a nuestro diario.
Agregó que los documentos “se están verificando de nuevo para que no contengan errores que nos hagan pasibles de una eventual denuncia o demanda”.
A la consulta sobre si llegaríamos a fin de año sin el informe final, Benítez expresó que “tardará lo que tarde en verificar el informe”. “Tenemos obligación de hacer bien nuestro trabajo, a veces los auditores se apuran y cometen errores”, insistió.
La CGR había designado a los auditores Agustina Cantero Jara, Eliana Acevedo y Jorge Raúl Fernández Romero para el análisis a la Opaci. También se encargó la supervisión de los trabajos a Martha Carolina López Brítez, directora de área, y la coordinación y seguimiento al abogado Miguel Ángel Galeano Noguera, director general de Control de Recursos Sociales de la CGR.
Sin control
La Opaci administra recursos municipales, pero se maneja fuera de todo control público, porque en 1997 modificó sus estatutos sociales convirtiéndose en una organización no gubernamental. La entidad recauda un canon por la expedición, renovación y anulación de las licencias de conducir.
Además, a través de un convenio con el Colegio de Escribanos del Paraguay, la Opaci se encarga de cobrar los impuestos municipales por la transferencia de Bienes Raíces y de Operaciones de Crédito (hipotecas). Estos son recursos genuinos de las comunas, pero la ONG en muchos demora en transferir o simplemente retiene bajo la excusa de deuda de las municipalidades.
ONG usada como botín político
El “clan Núñez” está prendido a la Opaci desde el año 2006. Primero fue “Bachi” cuando era intendente de Villa Hayes. Aumentó la cantidad de funcionarios metiendo a sus operadores, parientes, a su pareja sentimental y los familiares de esta. Posteriormente, en 2011 tomó la posta su hermano Ricardo, quien también metió a su gente. Incluso, cambió los estatutos sociales para seguir en la institución, porque había quedado fuera de carrera para la reelección como intendente de Villa Hayes. Actualmente, Ricardo es miembro titular de la Opaci y de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).