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El fiscal de Delitos Económicos, Osmar Legal, es el que debe definir si acusa o no a su exjefe por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En esta causa fue recusada la fiscala Natalia Silva.
Este proceso también alcanza a la esposa de Díaz Verón, la abogada María Selva Morínigo, pero nunca se incluyó a sus hijos Alejandro y Yerutí Díaz Morínigo pese a los indicios de lavado de dinero.
Según la investigación preliminar, el matrimonio Díaz Verón-Morínigo no podría justificar unos G. 6.000 millones de su patrimonio.
Tanto María Selva como sus hijos figuran como accionistas de la empresa Canto Rodado SA, en la que Alejandro y Yerutí integraron cada uno G. 500.000.000 (en total G. 1.000.000.000) pese a no tener siquiera 20 años de edad.
De acuerdo a los datos, la citada empresa fue integrada en el año 2013 y para el efecto María Selva aportó nada menos que G. 1.500.000.000.
María Selva, además, habría depositado en el sistema financiero G. 1.625.674.188 entre 2013 y 2017, cuyo origen no podría justificar.
Asimismo, con su esposo Javier Díaz Verón realizó gastos por G. 2.138.642.856 que tampoco podría justificar.
El ex fiscal general del Estado, además, tiene una diferencia de G. 1.147.058.591, que no podría justificar, en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
Ambos fueron imputados el 13 de agosto del año pasado y desde el 6 de marzo de este año, Díaz Verón cuenta con arresto domiciliario por cuestiones de salud, luego de estar privado de su libertad por varios meses en la cárcel militar Viñas Cue, por motivos de seguridad. María Selva estuvo presa unos días.