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El presidente del Poder Legislativo dijo que solicitó un dictamen a la asesoría jurídica de la Cámara Alta y encontraron nueve razones para cuestionar la decisión y leyó en una rueda de prensa: 1) Dijo que la magistrada hace apenas dos meses fue trasladada de Capiatá a Asunción. (2) Agrega que la jueza no tuvo en cuenta la vigencia del artículo N° 245 del Código Procesal Penal y por lo tanto el pedido del diputado ni siquiera debió ser analizado.
Llano también señaló que (3) el diputado cometió crímenes previstos en la Ley 1340, que reprime el tráfico de estupefacientes, con penas de 5 a 15 años. Indicó que (4) como la pena mínima es de 5 años, debería estar recluido.
En otro punto el presidente del Congreso afirmó que (5) no hay hechos nuevos para darse la revocatoria de prisión y que (6) el cambio de calificación de los tipos penales solo se puede hacer en la etapa conclusiva, pero el caso sigue en investigación y faltan dos meses para el final.
Llano dijo además (7) que la magistrada no debió admitir garantías sobre bienes embargados ya que dichos inmuebles no están tasados. A esto se suma que (8) con su libertad le da 15 días para que “ponga en condiciones” las garantías inmobiliarias.
(9) “En síntesis, la decisión de la magistrada jurídicamente es cuestionable y surgen hechos de notorio mal desempeño”, agregó.
No obstante, Llano señaló que políticamente hablando Ulises Quintana está en su derecho de pedir volver a ocupar su curul en la Cámara de Diputados.
Indicó que esto también puede traer un cambio en la correlación de fuerzas entre cartistas, abdistas y colorados independientes.