En puridad, sobre todo en nuestro país, la verdad jurídica se utiliza para explicar lo inexplicable sobre determinados hechos anormales. Su esencia natural, que es la de realizar las diligencias necesarias para demostrar con pruebas contundentes la existencia o no de un ilícito, se desvirtúa por el accionar humano investido con la túnica de magistrado.
Ocurre en nuestro país y por eso la gente no cree en la justicia. Acude a ella porque le impone la necesidad y porque hay todavía jueces que dan un hálito de esperanza para obtener la reparación de un daño.
Lo más grave es que esta verdad jurídica tiene plena vigencia para los poderosos en desmedro de una sufrida población.
Un ejemplo palpable lo tenemos en situaciones que involucraron a dos hombres fuertes que lideraron (juntos durante varios años) nuestro país: el ex presidente Juan Carlos Wasmosy y el ex comandante del ejército Lino Oviedo.
Wasmosy acaba de ser absuelto por dos camaristas a quienes no les preocupó en absoluto la disparidad de criterio con un tercer miembro de la sala, con un pedido de la fiscalía y con una sentencia de primera instancia que condenaba al ex presidente.
Para los camaristas Arnaldo Martínez Prieto (sobre todo este porque es el preopinante) y Fremiort Ortiz Pierpaoli fue más importante la supuesta aparición de un hecho nuevo que señalaba que el Banco Central del Paraguay no sufrió perjuicio alguno con el auxilio irregular al Banco Desarrollo, pero evitaron analizar si otra institución, nada menos que la que pertenece en forma directa al pueblo, el Instituto de Previsión Social, sufrió algún perjuicio.
Tomaron como base una verdad jurídica para absolver a un poderoso, pero obviaron conocer la realidad de los hechos, la que realmente interesa al pueblo que se hizo cargo de la deuda por imposición de su gobernante de turno.
Por el otro lado, y paradójicamente su acérrimo rival desde abril de 1996, también fue absuelto en una de las tantas causas que le procesaron. El famoso caso de mayo que a esta altura ya no se sabe si fue un frustrado golpe o una payasada montada con un objetivo político, justamente porque los organismos encargados no lograron establecer lo que ocurrió.
La cacería de brujas que se inició tras el 18 y el 19 de mayo de 2000, que incluyó hechos de torturas y la aplicación de un estado de sitio, no tuvo conclusión.
Como Oviedo, otras 25 personas prácticamente se encuentran desvinculadas y sigue el interrogante de conocer qué es lo que realmente ocurrió.
Se montó todo un proceso que para muchos se extinguió por el paso del tiempo y para otros por falta de pruebas, pero nunca se llegó a una conclusión real.
Un caso gravísimo, ya sea porque se quiso atentar contra un gobierno o se montó una payasada para iniciar una cacería política, debió ser aclarado, pero ni el Ministerio Público ni los jueces pudieron hacerlo y por lo tanto todo quedó en la impunidad.
Estas dos situaciones que presentamos exponen con claridad el estado de nuestra justicia y no valdrán miles de seminarios, cursos, firmas de convenios y reformas si no se logra la inclusión dentro del ámbito judicial de personas que no solo estén aptas para formular hermosas doctrinas y jurisprudencias, sino que también tengan el impulso necesario para servir con un espíritu patriota que consiste en combatir la impunidad, en obrar con trasparencia y honestidad al servicio de la verdad, sin que esta tenga apellido.
Osvaldo Cáceres Encina
Ocurre en nuestro país y por eso la gente no cree en la justicia. Acude a ella porque le impone la necesidad y porque hay todavía jueces que dan un hálito de esperanza para obtener la reparación de un daño.
Lo más grave es que esta verdad jurídica tiene plena vigencia para los poderosos en desmedro de una sufrida población.
Un ejemplo palpable lo tenemos en situaciones que involucraron a dos hombres fuertes que lideraron (juntos durante varios años) nuestro país: el ex presidente Juan Carlos Wasmosy y el ex comandante del ejército Lino Oviedo.
Wasmosy acaba de ser absuelto por dos camaristas a quienes no les preocupó en absoluto la disparidad de criterio con un tercer miembro de la sala, con un pedido de la fiscalía y con una sentencia de primera instancia que condenaba al ex presidente.
Para los camaristas Arnaldo Martínez Prieto (sobre todo este porque es el preopinante) y Fremiort Ortiz Pierpaoli fue más importante la supuesta aparición de un hecho nuevo que señalaba que el Banco Central del Paraguay no sufrió perjuicio alguno con el auxilio irregular al Banco Desarrollo, pero evitaron analizar si otra institución, nada menos que la que pertenece en forma directa al pueblo, el Instituto de Previsión Social, sufrió algún perjuicio.
Tomaron como base una verdad jurídica para absolver a un poderoso, pero obviaron conocer la realidad de los hechos, la que realmente interesa al pueblo que se hizo cargo de la deuda por imposición de su gobernante de turno.
Por el otro lado, y paradójicamente su acérrimo rival desde abril de 1996, también fue absuelto en una de las tantas causas que le procesaron. El famoso caso de mayo que a esta altura ya no se sabe si fue un frustrado golpe o una payasada montada con un objetivo político, justamente porque los organismos encargados no lograron establecer lo que ocurrió.
La cacería de brujas que se inició tras el 18 y el 19 de mayo de 2000, que incluyó hechos de torturas y la aplicación de un estado de sitio, no tuvo conclusión.
Como Oviedo, otras 25 personas prácticamente se encuentran desvinculadas y sigue el interrogante de conocer qué es lo que realmente ocurrió.
Se montó todo un proceso que para muchos se extinguió por el paso del tiempo y para otros por falta de pruebas, pero nunca se llegó a una conclusión real.
Un caso gravísimo, ya sea porque se quiso atentar contra un gobierno o se montó una payasada para iniciar una cacería política, debió ser aclarado, pero ni el Ministerio Público ni los jueces pudieron hacerlo y por lo tanto todo quedó en la impunidad.
Estas dos situaciones que presentamos exponen con claridad el estado de nuestra justicia y no valdrán miles de seminarios, cursos, firmas de convenios y reformas si no se logra la inclusión dentro del ámbito judicial de personas que no solo estén aptas para formular hermosas doctrinas y jurisprudencias, sino que también tengan el impulso necesario para servir con un espíritu patriota que consiste en combatir la impunidad, en obrar con trasparencia y honestidad al servicio de la verdad, sin que esta tenga apellido.
Osvaldo Cáceres Encina