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El 26 de diciembre pasado, el abogado Leguizamón pidió la habilitación de feria "a los efectos de que sea atendida la revocatoria de la resolución que declaró la quiebra del sanatorio". Sin embargo, de acuerdo a fuentes judiciales, no estaba pendiente ninguna resolución del juzgado.
Los abogados del sanatorio solicitaron la reposición y/o incidente de revocatoria de la resolución de quiebra. La jueza Ortiz de Silva dio trámite a la reposición que plantearon los abogados del centro médico y corrió traslado al sindico general y a la fiscala Sarita González Valdez. Quedó "colgado" el incidente de revocatoria al tramitarse la reposición. En consecuencia, no había ninguna determinación pendiente para tramitar el expediente durante la feria judicial, que es todo el mes de enero.
La verdadera intención de los abogados y socios del Migone habría sido llevar el expediente al juzgado a cargo de Kunzle, que se encuentra de turno. Con el citado magistrado intentarían que levante la quiebra y que se resuelva la convocatoria de acreedores como solicitó el centro asistencial.
El 30 de diciembre último, el síndico general de quiebras, Fausto Portillo, quien se autodesignó en este caso, también solicitó que se habilite el expediente en la feria. Alegó "la complejidad del expediente y para proseguir con los trámites pendientes".
El 31 de diciembre, la fiscala dictaminó que "no pone reparos siempre y cuando se encuadre dentro de las disposiciones legales". Ese mismo día, en base a la acordada número 17 de la Corte del 24 de diciembre de 1941, en el que se señala los casos específicos para habilitar expedientes, rechazó tanto la pretensión del síndico como de los abogados del sanatorio.
El mismo 31 de diciembre, alrededor de las 10:00, los abogados apelaron la resolución de la jueza Ortiz, quien ya no corrió traslado a la fiscala del caso, atendiendo que ese día solo se trabajó hasta las 10:00 en el Poder Judicial, por disposición de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Los abogados Armín Leguizamón y José Luis Heid solicitaron la convocatoria de acreedores. Sin embargo, la jueza Ortiz, en base a documentos agregados al expediente, resolvió la quiebra.
En esta causa hay mucho dinero en juego y habría presiones de todos lados a la magistrada Ortiz de Silva quien tiene a su cargo el expediente.
Según las constancias, en varias ocasiones ya buscaron a apartar a la magistrada del caso para que el expediente pase al juzgado a cargo del juez Hugo Morán, que antes de ser designado magistrado fue síndico de quiebra y uno de los hombres de confianza de Fausto Portillo, según las fuentes.
Los abogados del sanatorio solicitaron la reposición y/o incidente de revocatoria de la resolución de quiebra. La jueza Ortiz de Silva dio trámite a la reposición que plantearon los abogados del centro médico y corrió traslado al sindico general y a la fiscala Sarita González Valdez. Quedó "colgado" el incidente de revocatoria al tramitarse la reposición. En consecuencia, no había ninguna determinación pendiente para tramitar el expediente durante la feria judicial, que es todo el mes de enero.
La verdadera intención de los abogados y socios del Migone habría sido llevar el expediente al juzgado a cargo de Kunzle, que se encuentra de turno. Con el citado magistrado intentarían que levante la quiebra y que se resuelva la convocatoria de acreedores como solicitó el centro asistencial.
El 30 de diciembre último, el síndico general de quiebras, Fausto Portillo, quien se autodesignó en este caso, también solicitó que se habilite el expediente en la feria. Alegó "la complejidad del expediente y para proseguir con los trámites pendientes".
El 31 de diciembre, la fiscala dictaminó que "no pone reparos siempre y cuando se encuadre dentro de las disposiciones legales". Ese mismo día, en base a la acordada número 17 de la Corte del 24 de diciembre de 1941, en el que se señala los casos específicos para habilitar expedientes, rechazó tanto la pretensión del síndico como de los abogados del sanatorio.
El mismo 31 de diciembre, alrededor de las 10:00, los abogados apelaron la resolución de la jueza Ortiz, quien ya no corrió traslado a la fiscala del caso, atendiendo que ese día solo se trabajó hasta las 10:00 en el Poder Judicial, por disposición de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Los abogados Armín Leguizamón y José Luis Heid solicitaron la convocatoria de acreedores. Sin embargo, la jueza Ortiz, en base a documentos agregados al expediente, resolvió la quiebra.
En esta causa hay mucho dinero en juego y habría presiones de todos lados a la magistrada Ortiz de Silva quien tiene a su cargo el expediente.
Según las constancias, en varias ocasiones ya buscaron a apartar a la magistrada del caso para que el expediente pase al juzgado a cargo del juez Hugo Morán, que antes de ser designado magistrado fue síndico de quiebra y uno de los hombres de confianza de Fausto Portillo, según las fuentes.