Fue durante la audiencia preliminar realizada ayer a la mañana. Los querellantes anunciaron que acudirán a las instancias internacionales.

Javier Cazal, ex director del Centro de Investigación Judicial; el subcomisario Antonio Gamarra y el suboficial José Schémbori no solo quedaron desvinculados del caso, sino que todas las medidas restrictivas que pesaban sobre ellos fueron levantadas.

El fiscal Edgar Sánchez, quien hizo de vocero del grupo de fiscales integrado por Juan Carlos Duarte, Adolfo Marín y Rubén Villalba, señaló que la fiscalía no encontró pruebas que ameriten la acusación contra los tres imputados y la elevación del caso a juicio oral y público.

Indicó que la fiscalía realizó todas las pruebas solicitadas. Esto originó la reacción del abogado Diego Bertolucci, quien indicó que hay cientos de procedimientos que no fueron efectuados por los investigadores.

Los abogados José Almada (representante de Cazal) y Jaime Sánchez (por los policías) se limitaron a allanarse al pedido de la fiscalía.

La audiencia que parecía un mero trámite, ya que ante la falta de acusación, el juez no tenía otra opción que cerrar el caso, conoció de incidentes verbales entre los fiscales y los abogados querellantes.

Sobre todo subió de tono cuando los abogados pidieron que conste en acta que los fiscales no conocían lo establecido en la convención que sanciona la tortura. Esto surgió luego que el juez Reyes preguntara si agotaron todas las instancias relacionadas a dos leyes cuyo número y artículos citó, sin mencionar el título de esas legislaciones.

Los fiscales indicaron que no podían saber a qué leyes se refería el juzgador con esa referencia.

Finalmente, los abogados Bertolucci, Samaniego (por Arrom), Ramón Sosa Azuaga y Luz Arce (por Martí) anunciaron que acudirán a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Conforme a los antecedentes, Arrom y Martí denunciaron que fueron víctimas de un secuestro el 17 de enero de 2002, frente a la entonces sede del Centro de Investigación Judicial, ubicada en Lugano y Colón. El 30 de enero ambos fueron hallados en una vivienda de Villa Elisa, por periodistas y familiares, con visibles rastros de tortura.

Arrom y Martí no aparecieron ayer, durante la audiencia preliminar. Ambos se encuentran prófugos en el caso del secuestro de María Edith Bordón.