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La vida de Cecilia Cubas llegó a ser tasada en US$ 3 millones por los secuestradores, quienes finalmente decidieron enterrarla viva porque el compromiso era cobrar el dinero o matarla, para que no se repitan actos de "corrupción", como el acontecido en el caso María Edith.El caso de Cecilia Cubas resurge al conocerse la información preliminar de que la joven fue enterrada viva.
Se desconoce el motivo por el cual prefirieron matarla antes que cobrar el rescate, ya que como todo secuestro que realiza este grupo, una facción del Partido Patria Libre, posteriormente autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), las negociaciones son largas.
Hubo cuatro reuniones claves sobre este tema.
La primera reunión del ala extremista de Patria Libre se realizó el 15 de agosto de 2004, en la cual se informó que la "empresa" estaba en marcha.
El objetivo era la hija del ex presidente de la República Raúl Cubas Grau.
El 12 de setiembre hubo una nueva reunión sobre este tema.
El 13 de noviembre, en una tercera reunión, se tocó el tema del rescate. Se fijó en la suma de US$ 5 millones y se puso como límite para negociar US$ 3 millones.
En esta reunión se trajo a colación el tema de que en el caso de María Edith Bordón de Debernardi, Juan Arrom y Anuncio Martí se quedaron, supuestamente, con parte del rescate pagado por su liberación de un anterior secuestro.
Oficialmente se informó que se había pagado por el rescate de la esposa del empresario Antonio Debernardi la suma de US$ 1 millón, pero extraoficialmente se habló de US$ 2.200.000.
Osmar Martínez, líder del grupo, les prometió que si no se pagaba la suma de US$ 3 millones matarían a la mujer.
El 21 de setiembre se ejecutó el secuestro de Cecilia.
El 21 de diciembre la familia Cubas pagó la suma de US$ 300.000 exigida por los secuestradores, que al final informaron que solo fue una multa a la familia y que se mantenía la exigencia original.
El 13 de enero se realizó la reunión del punto final en Caaguazú, en la que Martínez informó que se otorgaba un plazo de 24 horas para pagar.
Dos días después, el procesado Ángel Acosta (enjuiciado en esta causa) dijo a Dionisio Olazar, testigo de la fiscalía, que habían ejecutado a Cecilia Cubas.
Contratan a Bacchetta
Mirtha Gusinky, madre de la víctima, contrató nuevamente al abogado Enrique Bacchetta para que ejerza la querella adhesiva. Bacchetta se retiró del Consejo de la Magistratura para dedicarse a la política.
Trabajará en forma conjunta con los abogados Rodrigo Yódice, Arturo Daniel y Silvia Teme.
Un nuevo juicio oral y público para siete procesados se realizará a partir del 27 de febrero.
Se desconoce el motivo por el cual prefirieron matarla antes que cobrar el rescate, ya que como todo secuestro que realiza este grupo, una facción del Partido Patria Libre, posteriormente autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), las negociaciones son largas.
Hubo cuatro reuniones claves sobre este tema.
La primera reunión del ala extremista de Patria Libre se realizó el 15 de agosto de 2004, en la cual se informó que la "empresa" estaba en marcha.
El objetivo era la hija del ex presidente de la República Raúl Cubas Grau.
El 12 de setiembre hubo una nueva reunión sobre este tema.
El 13 de noviembre, en una tercera reunión, se tocó el tema del rescate. Se fijó en la suma de US$ 5 millones y se puso como límite para negociar US$ 3 millones.
En esta reunión se trajo a colación el tema de que en el caso de María Edith Bordón de Debernardi, Juan Arrom y Anuncio Martí se quedaron, supuestamente, con parte del rescate pagado por su liberación de un anterior secuestro.
Oficialmente se informó que se había pagado por el rescate de la esposa del empresario Antonio Debernardi la suma de US$ 1 millón, pero extraoficialmente se habló de US$ 2.200.000.
Osmar Martínez, líder del grupo, les prometió que si no se pagaba la suma de US$ 3 millones matarían a la mujer.
El 21 de setiembre se ejecutó el secuestro de Cecilia.
El 21 de diciembre la familia Cubas pagó la suma de US$ 300.000 exigida por los secuestradores, que al final informaron que solo fue una multa a la familia y que se mantenía la exigencia original.
El 13 de enero se realizó la reunión del punto final en Caaguazú, en la que Martínez informó que se otorgaba un plazo de 24 horas para pagar.
Dos días después, el procesado Ángel Acosta (enjuiciado en esta causa) dijo a Dionisio Olazar, testigo de la fiscalía, que habían ejecutado a Cecilia Cubas.
Contratan a Bacchetta
Mirtha Gusinky, madre de la víctima, contrató nuevamente al abogado Enrique Bacchetta para que ejerza la querella adhesiva. Bacchetta se retiró del Consejo de la Magistratura para dedicarse a la política.
Trabajará en forma conjunta con los abogados Rodrigo Yódice, Arturo Daniel y Silvia Teme.
Un nuevo juicio oral y público para siete procesados se realizará a partir del 27 de febrero.