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Detrás del ilícito estaría una rosca de abogados, notarios y funcionarios de Catastros y Registros. Los antecedentes fueron remitidos a la Corte y al Ministerio Público.La Directora de los Registros Públicos, Lourdes González, dio a conocer una lista de inmuebles cuyos propietarios "fueron cambiados" mediante títulos falsos. Además de la adulteración, los inmuebles aparecen con superficies aumentadas al doble, en la mayoría de los casos.
González indicó que hace unos meses vienen investigando las inscripciones cambiadas, que en su mayoría son propiedades de San Pedro y Canindeyú.
Los resultados de la investigación fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Superintendencia de la Corte.
La directora explicó que fueron sustraídos los títulos originales, para reemplazarlos por los falsos, y se aumentaron incluso las superficies. Esta operación solo puede ser realizada con la complicidad de funcionarios de Registros Públicos.
Abogados, notarios y funcionarios de Catastros y Registros serían quienes están implicados en la producción apócrifa de los documentos.
En los casos de los títulos adulterados se tiene la finca Nº 287 de Curuguaty, que aparece con 845 ha y pertenece a Serafín Salinas Ledesma, quien compró supuestamente de Jorge Ernesto Porat. Sin embargo, las copias de seguridad en microfilm certifican que la finca Nº 287 solo tiene una superficie de 408 ha y pertenece a José Antonio Gómez, a quien le fue sustraída su inscripción para reemplazarla por otra.
En otro caso se tiene la finca Nº 210 de Nueva Esperanza, que aparece a nombre de Adolfo Romero Escurra, con una escritura realizada en el 2002 por la escribana María Rosana Cabañas de Bordón, en la Colonia Marangatu, de 1.000 ha y 4 m2. Esta inscripción, se comprobó, pertenece a Nemesio Núñez,
La finca Nº 1749 de Corpus Christi, de 100 ha, registra una transferencia que habría realizado Eduardo Falavela y que actualmente se encuentra a nombre de Pablo Darío Herebia González. Empero, también se confirmó con la declaración de los notarios que nunca realizaron dichas escrituras.
La finca 218 de Curuguaty, cuyo propietario es Juan Pablo Morínigo, quien supuestamente fue adjudicado con un título del IBR en el año 1973, es un terreno agrícola de Carambey 259 ha, pero el inmueble pertenecería a Nemesio Núñez, quien sí habría sido adjudicado por el IBR en el 1973, pero la superficie del terreno agrícola solo tiene 19 hectáreas.
Constantes denuncias
- Ayer también se denunció la falsificación de matrículas de comerciante, la adulteración de inscripción de un inmueble en San Lorenzo, individualizado como finca Nº 23889.
- El 12 de marzo pasado, la directora de Registros Públicos había denunciado un posible caso de estafa, donde habría resultado víctima la Secretaría de Acción Social, tras la compra de tres inmuebles en Cnel. Oviedo, por un valor aproximado de G. 4.000 millones. En aquella ocasión se detectaron 15 casos de inscripciones falsas con formularios originales.
González indicó que hace unos meses vienen investigando las inscripciones cambiadas, que en su mayoría son propiedades de San Pedro y Canindeyú.
Los resultados de la investigación fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Superintendencia de la Corte.
La directora explicó que fueron sustraídos los títulos originales, para reemplazarlos por los falsos, y se aumentaron incluso las superficies. Esta operación solo puede ser realizada con la complicidad de funcionarios de Registros Públicos.
Abogados, notarios y funcionarios de Catastros y Registros serían quienes están implicados en la producción apócrifa de los documentos.
En los casos de los títulos adulterados se tiene la finca Nº 287 de Curuguaty, que aparece con 845 ha y pertenece a Serafín Salinas Ledesma, quien compró supuestamente de Jorge Ernesto Porat. Sin embargo, las copias de seguridad en microfilm certifican que la finca Nº 287 solo tiene una superficie de 408 ha y pertenece a José Antonio Gómez, a quien le fue sustraída su inscripción para reemplazarla por otra.
En otro caso se tiene la finca Nº 210 de Nueva Esperanza, que aparece a nombre de Adolfo Romero Escurra, con una escritura realizada en el 2002 por la escribana María Rosana Cabañas de Bordón, en la Colonia Marangatu, de 1.000 ha y 4 m2. Esta inscripción, se comprobó, pertenece a Nemesio Núñez,
La finca Nº 1749 de Corpus Christi, de 100 ha, registra una transferencia que habría realizado Eduardo Falavela y que actualmente se encuentra a nombre de Pablo Darío Herebia González. Empero, también se confirmó con la declaración de los notarios que nunca realizaron dichas escrituras.
La finca 218 de Curuguaty, cuyo propietario es Juan Pablo Morínigo, quien supuestamente fue adjudicado con un título del IBR en el año 1973, es un terreno agrícola de Carambey 259 ha, pero el inmueble pertenecería a Nemesio Núñez, quien sí habría sido adjudicado por el IBR en el 1973, pero la superficie del terreno agrícola solo tiene 19 hectáreas.
Constantes denuncias
- Ayer también se denunció la falsificación de matrículas de comerciante, la adulteración de inscripción de un inmueble en San Lorenzo, individualizado como finca Nº 23889.
- El 12 de marzo pasado, la directora de Registros Públicos había denunciado un posible caso de estafa, donde habría resultado víctima la Secretaría de Acción Social, tras la compra de tres inmuebles en Cnel. Oviedo, por un valor aproximado de G. 4.000 millones. En aquella ocasión se detectaron 15 casos de inscripciones falsas con formularios originales.