Procurador pide a juez que prohíba el pago de US$ 4 millones a Mundy

‘‘Ante el inminente peligro de que pueda procederse al pago a Mundy Recepciones, es que mi parte viene a insistir a que el juzgado dicte la orden de no innovar y, consiguientemente, prohibir el pago hasta tanto se decida por resolución firme lo que en este juicio de acción autónoma de nulidad se pretende: la nulidad del proceso fraudulento que perjudica ostensiblemente como tercero al Estado paraguayo’’, refirió el procurador adjunto en su presentación al juez Kunzle.

‘‘Es que tanto Mundy Recepciones como también todos aquellos que se encuentran pendientes de alzarse con un dinero muy gordo, inusual y llamativo en nuestro tribunales, abre la desconfianza y posibilidad de que el dinero se esfume con facilidad y arteras maniobras, para dejar sin chance la acción de nulidad y así burlar tanto a la administración de justicia como a los sagrados intereses del Estado paraguayo’’, añadió Franco.

El procurador general de la República, Juan Carlos Barreiro Perrota, había promovido una acción autónoma de nulidad contra los fallos que condenaron a Itaipú a pagarle más de G. 32 mil millones a Mundy Recepciones en concepto de reajuste por la provisión de croquetas.

Barreiro Perrota sostuvo que el proceso fue fraudulento y que al mismo se prestaron los peritos Miguel Angel Lemir, Enrique Cáceres Rojas y Lorenzo Mendieta.

Los antecedentes revelan que el 30 de diciembre de 1998, el apoderado de Mundy, Aníbal Sánchez Bejarano, con patrocinio de Antonio Fernández Gadea y Luis Arévalo, demandó a Itaipú en reclamo de reajuste. La acción se presentó, llamativamente, ante el juez Arsenio Coronel, amigo de la familia Fernández Gadea.

Coronel condenó a Itaipú a pagarle a Mundy la suma de G. 10 mil millones; además de un interés del 2,5 por ciento mensual por los meses atrasados, razón por la cual el monto actualmente ya supera los G. 32 mil millones. El fallo de Coronel, en menos de 10 meses, ya fue ratificado por el Tribunal y la Corte Suprema.