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La acusación que dio origen al proceso, presentada por la fiscala Duarte, refiere que el 18 de octubre de 2003 Gaona se presentó en la estación de servicios de Marcos Pérez Penner, un contribuyente que adeudaba G. 5.389.000 al fisco.
En la ocasión, siempre de conformidad con la acusación fiscal, Gaona ofreció a Pérez Penner "desaparecer" el expediente de la deuda fiscal a cambio de G. 2 millones. El afectado denunció el caso ante el Ministerio Público y acordó llevar adelante la transacción ante una cámara oculta.
Por orden judicial, el procedimiento de entrega de dinero fue filmado por un canal de televisión y el video correspondiente fue posteriormente exhibido en juicio como una de las principales pruebas de la fiscalía.
En su defensa, el acusado alegó que recibió el dinero mencionado en concepto de pago por un espacio publicitario en una revista de su propiedad, versión esta descartada por los juzgadores.
Fuentes judiciales indicaron que una vez presentada la apelación, el expediente fue elevado al Tribunal de Apelación el 20 de julio pasado y derivada al despacho de Mercedes Meza el 1 de agosto de 2006, de donde ya no salió. Preocupada ante la inminente extinción de la causa, que cumple el plazo máximo de duración (tres años y seis meses) el próximo 20 de abril, la fiscala Nancy Duarte urgió recientemente a la Cámara la definición del caso.
Cabe recordar que la legislación vigente impone al Tribunal de Apelación un plazo máximo de 15 días para la resolución de cuestiones complejas como el estudio de sentencia y el incumplimiento de dicho plazo procesal, en diferentes instancias, constituye a menudo una de las principales causas de extinción de causas judiciales.
Fuentes judiciales indicaron además que el de Gaona Nacimento no es el único caso "empantanado" hace meses en el despacho de la camarista Natividad Mercedes Meza.
El patrimonio de Roberto Miguel Gaona también fue objeto de una investigación paralela, por enriquecimiento ilegítimo.
La investigación a cargo de la fiscala Rocío Vallejo determinó que el funcionario público era propietario de nada menos que un edificio, ubicado en Tacuary 763 e/Fulgencio R. Moreno y Luis Alberto de Herrera.